Quedan cuatro semanas para volvernos a encontrar en las urnas. A partir del 19 de febrero, cada día, cada hora han incrementado  la violencia, la intolerancia, las mentiras, la campaña sucia.

Habiendo definido dos candidatos a la presidencia del país, en un verdadero ejercicio democrático, deberían darse debates, diálogos, encuentros con ambos ante el público, ante las interrogantes de la ciudadanía; un espacio donde se transparenten las propuestas y marquen diferencias en sus planes de gobierno. Obviamente, esconderse tras el aparato de propaganda gobiernista es mucho más fácil que enfrentarse con “el cuco”.

Queda entonces la necesidad de interpelar al candidato Lasso, quien se ha mostrado afable a los debates y a exponer sus propuestas para el gobierno de Ecuador en caso de resultar ganador el 2 de abril.

La primera pregunta que viene a mi cabeza es ¿Quién estaría al frente del Ministerio de Educación? Esta cartera de Estado es una de las más importantes, de mayor tamaño, con una función vital para la vida democrática de un país: gestionar el servicio educativo, garantizar el derecho a la educación, preparar a los ciudadanos y construir la Nación del mañana.

He revisado el Plan de Gobierno (PG) de Guillermo Lasso presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) específicamente las propuestas en el sector educación. El objetivo específico es “transformar el sistema educativo”  y divide las actividades de acuerdo a la oferta y a la demanda, a su vez cada actividad cuenta con un supuesto a realizarse durante los cuatro años de gobierno. A continuación un breve análisis sobre el diagnóstico y propuestas para el Sistema Nacional de Educación (nivel inicial, educación general básica y bachillerato) en el mencionado Plan.

En general, el diagnóstico presentado, sin justificación o data verificable en varios apartados, presenta una visión de la realidad ecuatoriana que no es del todo cierta, una imagen del sistema educativo que deja ver una falta de tecnicidad y especialistas en educación en el equipo de Lasso.

El PG identifica 2 áreas a intervenir “directa y eficazmente”: la formación profesional docente y el currículo del cual dice los contenidos no se ajustan a las necesidades de un mundo globalizado y cambiante. Propone estudiar y ajustar el currículo a la realidad actual, nuevamente.

“Se requiere trabajar en el estudio de la pertinencia de las mallas curriculares vigentes, para ajustarlas a la realidad actual y lograr la intencionalidad educativa de las asignaturas”, (Lasso, 2016 pg. 27)

El PG se olvida de las políticas de formación docente que ha aplicado el presente gobierno, objetivos establecidos en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 y que se retoman en el Plan Decenal de Educación 2016 -2025.  La creación de la UNAE, las becas y programas de formación de posgrado para docentes, la recategorización docente y la capacitación brindadas durante estos años no tienen un impacto tangible en lo inmediato. La puesta en práctica de los nuevos conocimientos y destrezas deben ser ejercidos, perfeccionados y eso requiere tiempo, no sucede de la noche a la mañana. La cuestión docente requiere además de cumplir con el programa de jubilaciones y de incrementar la matrícula en las instituciones de educación superior en la carrera docente, renovar la planta docente precisa de ciudadanos que deseen formarse para educar.

Sobre el “ajuste del currículo a la realidad actual” es claro que la persona que redacto esto desconoce dos cuestiones; la primera, el fin del sistema educativo y la escuela como institución social; y, la segunda, que el año 2016 se aprobó y entró en vigencia un nuevo currículo para todos los niveles del SNE (año lectivo 2016-2017 régimen sierra). En relación a lo primero, en el mundo actual la escuela sigue siendo el eslabón entre sociedad y mercado donde se producen los individuos que requiere el mercado laboral para funcionar; por lo tanto, el diseño curricular e instruccional sigue basándose en las necesidades del mercado, envisionando a futuros empleadores y empleados, dinámicas que activen la economía y promuevan la justicia social. Es decir, la pregunta que guía la construcción del currículo es ¿qué es lo que la sociedad necesitará en 2 años, 5 años, 10 años? No lo que el país necesita hoy.

En relación a lo segundo, no se puede reformar un currículo en su totalidad y con uno o dos años de distancia entre reformas y esperar que este funcione, que no existan resistencias, que el sistema educativo no colapse y que los impactos positivos se produzcan de la noche a la mañana. En la educación no hay inmediatez, los resultados se dan a mediano y largo plazo.  Todo es perfeccionable, todo se puede mejorar, todo debe ser evaluado. La inconformidad con el presente es una invitación a estudiar el pasado, si la política educativa no ha cambiado entonces si se requiere una profunda reforma educativa, sin embargo este no es el escenario que le espera al futuro gobierno.

Propuestas para la oferta educativa:

• Fortalecer las capacidades de los docentes. “Los docentes tienen un rol esencial en la formación de la sociedad del conocimiento en libertad. El desarrollo de nuevas tecnologías de información permite acceder a educación de calidad y a bajo costo”.

Lasso presenta el slogan con el que manejará su política pública “el Ecuador del conocimiento”, “la sociedad del conocimiento en libertad”. Se contradice al querer fortalecer las capacidades de los docentes pero procurar una educación “low cost” al utilizar tecnologías de la información. Pero además la idea de abaratar costos del sistema educativo para Lasso va hacia la privatización, el bajo costo para el Estado, no para las familias. Recordemos también que las salvaguardas, impuestos a consumos especiales y otras imposiciones tributarias del gobierno de Correa han impactado en el alto costo de la educación, infraestructura y acceso a tecnología.

• Incrementar la cobertura en zonas rurales permitiendo otras modalidades de provisión del servicio. “Facilitar la provisión de otros sistemas educativos orientado a resultados y que permitan mejorar el acceso a una mejor educación en comunidades rurales”.

“podemos alcanzar la funcionalidad de un sistema educativo intercultural, inclusivo, eficiente y eficaz, con indicadores de calidad internacional, al que todos puedan acceder y que todos puedan culminar, que gestione el desarrollo integral de la persona humana”. (Lasso, 2o16 pg. 28)

El “mejor acceso” para una “mejor educación rural”  requiere una gran inversión y planificación, garantizar que el espacio físico cuente con las mismas seguridades y prevención de riesgos, que sean lugares salubres, con los insumos físicos y humanos que otras instituciones educativas en áreas urbanas. Una vuelta a las escuelas de menor tamaño características de las zonas rurales no significan menos derechos para los estudiantes, docentes y padres de familia. Urge capacitar a los docentes, a la comunidad que colaborará en el mantenimiento de la IE.

El sistema educativo es uno, es nacional, el gobierno central es el rector de la política y el sistema educativo. Reconocer diferentes modalidades para ofertar el servicio educativo no es lo mismo. Las reglas mínimas, los estándares los establece el gobierno, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las familias, de los docentes requieren un orden, transparencia y reglas generales y claras. No una pluralidad de “sistemas educativos orientados a resultados”.

• Incorporar a Ecuador en las pruebas internacionales de calidad educativa (PISA). “Lo que no se mide no se puede mejorar significativamente la calidad de la educación se dará el primer paso para incorporar a Ecuador en las mediciones internacionales”.

Estaría bueno leer un poco sobre el tema. Lasso no dará el primer paso para la incorporación de Ecuador en el sistema de evaluación de PISA, el gobierno ecuatoriano ya lo hizo desde el 2014 año en que se realizó el primer acercamiento y lanzamiento oficial de PISA en Ecuador, en el año 2015 se realizó un simulacro de evaluación o prueba piloto, y este año 2017 es la primera vez en que se evaluarán y tomarán datos para analizar y comparar el sistema educativo ecuatoriano con los demás miembros de la OCDE, entregándose los resultados en el año 2019 – tampoco son inmediatos-. En conclusión, el próximo gobierno, Lasso o Lenin no será quien dé el primer paso hacia PISA.

No olvidar que Ecuador también participa en otras pruebas internacionales conducidas por el Laboratorio Latinoamericano de Calidad Educativa (LLECE), institución que evalúa la educación primaria o nivel educación general básica, su informe oficial con recomendaciones para la toma de decisiones de política es un excelente insumo que por lo menos debería leer aquí, el documento se basa en TERCE, la Tercera Evaluación de Calidad Educativa de la región.

Propuestas para la Demanda Educativa:

Las dos propuestas relativas a la demanda educativa pasan al campo de una reforma constitucional no sólo una transformación educativa. Se trata de cambios profundos que distan de la planificación a largo plazo  vigente para la educación ecuatoriana.

En varias intervenciones públicas, incluso en el debate presidencial el 5 de febrero en Quito, Lasso habló sobre el rol de los padres de familia en la educación de sus hijos con las siguientes palabras “el mejor ministro de educación de la familia es el padre”(minuto 56:40). En el PG lo explica así “es imprescindible que los padres se fortalezcan su rol como primeros educadores y verdaderos responsables de la educación de los niños, y la familia como núcleo formativo y modelo a seguir.” (pg. 27).

Nuevamente se encuentra la intención de privatizar la educación, sí, llevar la educación al ámbito privado, al de las familias, donde el Estado no puede hacer, decir, obligar ni garantizar la educación como derecho de los ciudadanos y residentes en este país. Otorgar la verdadera responsabilidad de la educación, a los padres produce una ruptura en la alianza escuela -familia, ya que se desconoce la autoridad pedagógica, la autoridad de directivos y docentes y su responsabilidad al instruir a los estudiantes a su cargo, el cuidado que deben tener. No es lo mismo decir que los padres de familia son responsables de que sus hijos vayan a la escuela, tengan cuidados médicos en caso de accidentes o enfermedad, realicen sus tareas y cumplan con las normas de la institución educativa. Insisto en que crianza y educación no son lo mismo, en el siglo XXI, la escuela como organización externa a la familia es la encargada de educar a los niños y convertirlos en hombres para insertarse y construir el Estado ideal.

La educación provista en una democracia donde se produce un estado democrático de la educación, como lo explica Amy Gutmann, se trata de que la educación no es regida por los intereses y valores de la familia únicamente, pero tampoco bajo los valores e intereses del Estado, ni fundamentada en la política y normas de la sociedad. El estado democrático de la educación es un equilibrio de los intereses de todos los actores de la nación, donde permiten al niño conocer diversas posturas, conocimientos, verdades, para que sea este niño convertido en hombre, en ciudadano quien tenga la libertad de elegir quien quiere ser, como quiere vivir, como desea aportar a su sociedad. (Gutmann, Amy. Democratic Education, 1987)

• Mayor participación de la sociedad civil en la elaboración de contenidos curriculares que atiendan las necesidades y aspiraciones de los estudiantes. “La participación de la sociedad civil en el diseño de los contenidos curriculares permite adaptar los conocimientos de los estudiantes según las necesidades locales”.

La permeabilidad de la escuela hacia los intereses y voces de la comunidad tiene un límite: la autoridad pedagógica, el liderazgo docente, la gestión de la escuela corresponde a los directivos y el espacio que ocupe la sociedad civil lo deben decidir en consenso con los docentes, con los estudiantes. La vinculación entre la escuela y su comunidad es positiva siempre y cuando se respeten los intereses, los derechos, las necesidades de los estudiantes y los docentes. La comunidad no está para decir que se debe hacer o no, criticar o gestionar paralelamente la institución educativa. La redacción tan laxa de las propuestas del PG produce incertidumbre en cuanto al rol del docente y la escuela en la sociedad ecuatoriana, así como la concepción de autonomía escolar que algo ha mejorado durante el presente gobierno.

• Implementar el “cheque” para mejorar la calidad y dar libertad a los padres de familia en la elección del establecimiento. “La competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad. Mediante la asignación de un subsidio estatal focalizado a los usuarios del sistema educativo, las entidades educativas competirán por captar los cheques educativos”.

Finalmente, el segundo objetivo del PG en relación a la demanda educativa, y el punto que más llamó mi atención al leerlo. La propuesta de utilizar el voucher o cheque educativo, promoviendo la privatización del servicio educativo, para que los padres de familia elijan entre financiar la escuela pública o financiar la escuela privada.

Existen diversas formas de gestionar y financiar la educación alrededor del mundo. En el caso ecuatoriano se trata de un quasimonopolio educativo donde el Estado financia la totalidad de las instituciones educativas públicas, aporta en el financiamiento de las instituciones educativas fisco -misionales (financiamiento mixto) y, permite la existencia de instituciones educativas particulares a las cuales no financia, solo las controla para que cumplan la normativa educativa y los estándares educativos así como el currículo nacional.

Reconocer y permitir la gestión privada de la educación en instituciones educativas particulares significa que la familia paga voluntariamente una determinada cantidad de dinero, mensualmente, por obtener una determinada educación acorde a metodologías o valores morales que corresponden a la familia, y no necesariamente reflejan la laicidad de la educación pública.

Privatizar la gestión de las instituciones educativas públicas, construidas por el Estado, es distinto y permitido en Ecuador, es el caso de las UEMs, en el mundo conocidas como escuela charter, los estudiantes no pagan por el servicio educativo, los cupos son limitados, empresas u organizaciones privadas gestionan con los recursos del Estado.

El PDE 2016-2025 tiene como meta que la sociedad sea corresponsable en el financiamiento educativo, otorgando una certificación a las empresas que a través de programas de responsabilidad social empresarial contribuyan económicamente, esta inversión debería equivaler al 0,5% del presupuesto de educación e incrementar anualmente en la misma proporción.

Se establece una relación Estado – Mercado en la educación, dejando en claro que el gobierno de la educación le corresponde al Estado, que la escuela es gestionada por sus directivos, y que el rol del mercado es únicamente el financiar, sin tener la posibilidad de inspeccionar o intervenir en la institución educativa.

La propuesta de Lasso “se basa en la implementación de un mecanismo, que empodere a los padres con la capacidad de escoger la educación que consideren adecuada para sus hijos. Con esto se garantizará una mayor cobertura de los estudiantes porque los padres pueden mantener a sus hijos dentro del sistema educativo público o trasladarse al privado a través del copago” (pg. 29).

La libertad de los padres para elegir la educación para sus hijos es una garantía constitucional (art.  29 CPE 2008). Así mismo, la gratuidad en la educación hasta el tercer nivel, es decir que el copago (aporte del Estado y de la familia) no está previsto por la norma constitucional.

El cheque educativo es un subsidio a la educación privada, la existencia del voucher y este método para garantizar la libre elección de escuelas no significa que se reducirán los costos de la pensión en las instituciones educativas particulares. El uso de cheques permitiría a las instituciones educativas excluir alumnos, la segregación social sería más profunda. Financiar la demanda educativa en el contexto económico y social actual quebraría a las instituciones educativas particulares, afectaría la calidad y equidad educativa.

Hablar del copago en la educación no es soplar y hacer botellas. La libre elección de escuela como derecho de las familias puede cumplirse sin necesidad del cheque o subsidio a instituciones educativas particulares. El uso del cheque educativo no garantiza equidad ni calidad. En el contexto educativo ecuatoriano actual, donde queda una sociedad fragmentada por el odio y la intolerancia, donde la población ha migrado por el desempleo en el último par de años, donde la matrícula de instituciones educativas públicas ha incrementado precisamente por la falta de recursos económicos de las familias a partir del régimen escolar 2013 – 2014; no es el contexto adecuado ni favorable para este tipo de reforma. Volcarse del quasimonopolio estatal al quasimercado de la educación no traerá más que conflictos a las instituciones educativas, marcando las trayectorias escolares de los estudiantes, causando malestar por la excesiva carga laboral de los docentes.

Además se debe considerar que hay muchos negocios y monopolios satélites al sistema educativo: los materiales didácticos, libros texto, uniformes, tecnología, software, servicios de alimentación escolar, transporte y mantenimiento de la infraestructura educativa, entre otros. El mercado educativo no se trata únicamente de la relación estudiante- docente- padre de familia.

El sistema educativo es un organismo muy complejo para brindar un derecho esencial. ¿ Se podría reducir el tamaño a través de la privatización de la educación? Mientras mayor cobertura exista, es decir, mientras más se garantice el acceso, permanencia y egreso a la educación, mayor será el tamaño del Estado, el Ministerio de Educación y organismos asociados serán de vital importancia para la gestión y provisión del servicio, por lo tanto es un organismo que no se puede reducir.

El PG del candidato Lasso deja mucho por debatir en el tema educativo, lamentablemente muestra que no dará continuidad a políticas y programas positivos implementados durante la gestión del presidente saliente. Un gran problema de la política pública es precisamente la construcción de planes, programas y proyectos a largo y mediano plazo para sostener las intervenciones a favor de los ciudadanos; mientras que un Estado tenga un plan de desarrollo a largo plazo como Nación, y lineamientos políticos claros y fuertes, se garantizan los derechos y obligaciones de la generalidad de la población beneficiaria y de los funcionarios públicos e instituciones estatales encargadas de su ejecución.