Esta semana correspondía analizar la gestión de María Brown al cumplir dos años frente al Ministerio de Educación. El escenario ha cambiado con la disposición de la muerte cruzada y el fin anticipado de este periodo de gobierno. Entre todos los temas que es mejor pensar en frío y no al calor de las expectativas que ha generado la muerte cruzada, está el de la transición de gobierno y la continuidad de la política educativa.

Por un lado, el del Gobierno Central, hay que plantearse qué va a ocurrir con aquellas políticas y programas que están en marcha, en diferentes momentos de ejecución y lejos de cumplirse o culminar su ejecución en este periodo. Aquí incluyo al Ministerio de Educación, INEVAL y SENESCYT. Por el otro lado, el de la Asamblea Nacional, con la hoy inexistente Comisión de Educación y su pobre ejecución y desarrollo normativo en el periodo 2021 – 2023.

¿Qué va a ocurrir con la gestión del sistema educativo durante los próximos seis meses y luego en el año y medio para culminar este periodo presidencial? ¿En qué temas podremos ver avances y cuáles temas quedaran sin resolver incluso con su urgencia y gravedad? Como, por ejemplo: la construcción y adecuación de infraestructura educativa; la puesta en marcha del Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales y el Plan de Escuelas Seguras; la búsqueda y recuperación de estudiantes que dejaron el sistema educativo durante la pandemia; la reforma curricular; el desarrollo normativo e institucional que se derivan de la LOEI y el Reglamento recientemente reformados, entre otros.

El INEVAL tiene algunos procesos de evaluación nacional como el Ser Estudiante 2023, la evaluación docente para el ingreso al magisterio; así como de carácter internacional como lo son el ERCE y PISA 2026. Mientras que, la educación superior tiene un sistema de admisiones aún cuestionado, una ley que debía reformarse, pero no prosperó en la Asamblea Nacional; el incremento de la oferta, la inserción laboral de los becarios y los perjudicados por los créditos educativos, entre otros temas.

El panorama de la crisis de gobernabilidad trae además el riesgo de que se vuelvan a suspender las clases presenciales por las manifestaciones; lo cual ahondaría la crisis de aprendizajes y los impactos económicos a futuro en el desarrollo humano y económico del país, generados por la pandemia. Otro tema sensible que debemos analizar de cerca es el presupuesto educativo, tanto el que se ejecute en el resto del año 2023, como aquel que se presupueste para el próximo año y que deberá aprobarse por una nueva Asamblea Nacional a penas sea posesionada y por un nuevo presidente y su gabinete.

Evidentemente, en seis meses no se podrá avanzar ni cumplir a cabalidad el Plan Nacional de Educación ni el Plan Nacional de Desarrollo. La política pública en general tendrá un remezón por los cambios y la incertidumbre. En el ámbito educativo, urge pensar en cómo vamos a sostener el plan trazado por la ministra Brown, cómo vamos a generar los cambios obstaculizados en la Asamblea Nacional por una comisión de educación incompetente, cómo vamos a sostener los procesos de evaluación en marcha del INEVAL y los desafíos y compromisos de la educación superior.

Es hora de crear un nuevo pacto por la educación que sostenga las iniciativas y reformas educativas en proceso, que continúe creando las estructuras para enfrentar los desafíos y debilidades del sistema educativo. Un pacto que viabilice una transición técnica y fluida entre las próximas gestiones; que plantee requisitos mínimos que guíen el accionar de los legisladores y las autoridades de la transición para garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación. Un pacto educativo liderado por la sociedad civil y la cooperación internacional.