Política educativa en cuarentena. La suspensión del Bachillerato Internacional.

En medio de la pandemia y crisis educativa a nivel mundial por el COVID19, en Ecuador se han tomado decisiones que han afectado al derecho a la educación y al sistema educativo, es por lo tanto necesario reflexionar sobre estas acciones e inacciones y su impacto en la educación ecuatoriana ahora y en el futuro.

Quiero empezar analizando desde la política educativa sobre la suspensión del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas de sostenimiento público para el régimen costa – galápagos 2020 – 2021. Esta decisión la tomó la Ministra de Educación Monserrat Cramer y se comunicó a las 77 instituciones educativas afectadas a través del Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020’00205-M del día 4 de mayo del 2020. Actualmente la Corte Constitucional lleva el caso N10-20-IA donde se sostiene que se ha vulnerado el derecho a la educación y la movilidad social de estudiantes y familias pertenecientes a las instituciones educativas afectadas.

Antecedentes

Previo a instaurarse el Programa del Diploma de la Organización de Bachillerato Internacional en instituciones educativas de sostenimiento público se aprueba la Constitución vigente en el 2008, donde se establece la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y obligatoriedad de la educación hasta el nivel de bachillerato; posteriormente en el 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento en el 2012. La normativa de carácter progresivo y garantista, permite entonces poner el foco en la calidad educativa y desarrollar políticas y programas que atiendan las necesidades educativas del país.

Hasta el 2013 la oferta del Bachillerato Internacional en Ecuador se encontraba únicamente en instituciones educativas privadas, mayoritariamente el Programa del Diploma para los últimos años del bachillerato y pocas instituciones ofertan el Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa de Escuela Primaria (PEP). Después de un programa piloto en el sector fiscal, se dispuso ofertar gradualmente el Programa del Diploma en instituciones públicas alcanzando su implementación a 77 instituciones en el ciclo costa – galápagos y 120 instituciones en el ciclo sierra- amazonía (vigentes al año – lectivo 2019 – 2020).

El 6 de febrero del 2020 el Ministerio de Educación (Mineduc) emite el Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-MINEDUC-2020-00005-A que contiene las directrices para implementar los programas del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas fiscales, municipales y privadas en Ecuador. Al emitir regulaciones para las instituciones públicas se entiende que previo a la pandemia, no existe intención del Ministerio de Educación de suspender el Programa del Diploma, sino dar un marco normativo para fortalecer esta oferta.

Afrontando la crisis

Pensemos en el escenario actual de los sistemas educativos y en quienes deben tomar las decisiones. No hay recursos, en los próximos meses se reduce el presupuesto del Estado y por lo tanto lo que recibirá el Ministerio de Educación, ¿qué programas mantengo? ¿cuáles son los programas y departamentos que deben ser priorizados para garantizar la continuidad educativa en el sistema fiscal? ¿qué programas puedo suspender para poder utilizar esos recursos en áreas fundamentales? ¿a quién doy preferencia y por qué doy esa preferencia al momento de costear programas diferentes al bachillerato en ciencias ofertado por las instituciones públicas?

Desconozco si existen precedentes jurisprudenciales en Ecuador, normas o doctrina sobre el manejo y reorganización del presupuesto de una cartera de Estado, como lo es el Ministerio de Educación, durante un Estado de Excepción. Si bien existe la disposición expresa del art. 165 #2 de no desviar fondos públicos destinados a educación durante el Estado de Excepción; nada dice de límites o prohibiciones a quien dirige el sistema educativo sobre el destino de los recursos dentro de la gestión de la misma cartera; esto sería, si la Ministra puede o no reorganizar las partidas presupuestarias con las que cuenta en favor de garantizar el derecho a la educación.

En el caso que lleva la Corte Constitucional el Mineduc plantea que el costo – eficiencia del Programa del Bachillerato Internacional es tan bajo que no justifica la inversión, además el Estado ecuatoriano adeuda a la Organización del Bachillerato Internacional apróximadamente tres millones de dólares mientras que para la implementación óptima del Programa a nivel nacional se requieren más de siete millones de dólares. Por lo tanto, el argumento de tener bajos porcentajes de aprobación y certificación de estudiantes en instituciones educativas de sostenimiento público para la suspensión del programa del Diploma pierde fuerza si consideramos el acuerdo publicado cinco semanas antes de la suspensión de actividades en todo el sistema educativo a nivel nacional. Mientras que, si consideramos los costos de implementación ante una crisis económica donde el financiamiento educativo se ha reducido considerablemente, la decisión de suspender el Bachillerato Internacional es lógica.

Bachillerato Internacional vs. Conectividad vs. Salarios Docentes

El covid19 volcó a todos los sistemas educativos del mundo a una educación remota de emergencia a través de internet y dispositivos tecnológicos a un híbrido entre el homeschooling y la educación online. Poniendo en foco las políticas educativas en tecnología, la pandemia dejó ver la escasa infraestructura, la falta de acceso a dispositivos tanto en las familias como en las escuelas, la necesidad de formar a los docentes para utilizar dispositivos, plataformas y ejercer en contextos adversos y distintos al aula de clases.

Las políticas educativas referentes a tecnología educativa y conectividad en las escuelas, al igual que la implementación del BI, son posibles a partir de la LOEI en el 2011, ambas sin el éxito esperado. Hoy pensamos en cómo sería la realidad del sistema educativo ecuatoriano si, al igual que Uruguay con su Plan Ceibal, hubiéramos concentrado esfuerzos y presupuestos en equipar escuelas, docentes y estudiantes hasta llegar a un 100% o porcentaje cercano previo a la pandemia, previo a las crisis económicas que han afectado al país, o si no tuviéramos gobiernos corruptos que ni la educación han dejado fuera de sus intereses.

La prevención del COVID19 a través del distanciamiento social es incompatible con la realidad de la organización del aula. La infraestructura escolar está pensada para que en ella habiten miles de estudiantes en jornadas de ocho horas durante cinco días a la semana y, en consecuencia, se suspendió la asistencia a las escuelas en Ecuador y en todo el mundo. Esta salida que evita la proximidad y el confinamiento de estudiantes y docentes no es perfecta, trajo mayores interrogantes y desafíos a los sistemas educativos, el primero corresponde a la continuidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo que fue resuelto en parte al utilizar dispositivos y conectividad a internet desde los hogares.

En esa línea, el problema trajo otros problemas; el asunto es que en lugar del programa de conectividad en las escuelas que financian el Ministerio de Educación, Ministerio de Telecomunicaciones y la Cooperación internacional, la conectividad desde los hogares la pagan las familias y los docentes. El gobierno dispuso a CNT (empresa pública que provee el servicio de internet) no cobrar las tarifas durante la pandemia y garantizar la conectividad, sin embargo, la obligación del Mineduc de proveer de dispositivos a estudiantes y docentes, plataformas educativas para uso de docentes, estudiantes y familias continua; además de contar con infraestructura tecnológica para el personal del Ministerio y sus oficinas desconcentradas con el fin de garantizar la provisión del servicio educativo.

Aliviar el gasto a las familias para que los estudiantes puedan tener conección a internet, dispositivos sean celulares, tablets o computadoras, la construcción de redes que proveen el servicio de internet se han vuelto una necesidad básica que requiere un amplio presupuesto destinados al acceso al derecho a la educación.

Existe otro gasto urgente que el Ministerio de Educación no ha cumplido: el pago de los salarios docentes. Desde el inicio de la cuarentena en marzo de este año, el Ministerio de Educación no ha pagado los salarios docentes con puntualidad; los docentes han recibido sus remuneraciones pasada la primera quincena del mes, excepto el salario correspondiente al mes de junio que hasta la fecha de hoy (27 de julio) no ha sido depositado. Primero se debió a que el Ministerio de Finanzas utilizó partidas presupuestarias de educación para el pago de la deuda externa, luego bajaron los ingresos que el Estado percibe a través de la recaudación tributaria y que son destinados al financiamiento educativo. Los docentes son un eje fundamental del sistema educativo y no han parado de trabajar, adaptarse al cambio, repartir canastas de alimentos, entregar cuadernillos pedagógicos, enviar tareas por whatsapp, etc.; tampoco han dejado de ser padres, madres, sostenes de sus hogares, requerir medicinas o tener deudas impagas.

Las políticas de conectividad y las políticas referentes a la cuestión docente parecen incomparables con la provisión del programa del diploma del BI, excepto que las dos primeras son condiciones imprescindibles para garantizar el acceso a la educación, la continuidad pedagógica de millones de niños y adolescentes en el país y nos encontramos en un contexto de crisis donde los recursos destinados al financiamiento educativo son escasos. Entonces, si consideramos lo que equivalen los 10 millones de dólares necesarios para reactivar el programa del diploma, en conectividad y salarios podemos ponderar la decisión de la Ministra Cramer.

Un mes de salario de 12.239 docentes en categoría G (817 USD); 50 mil tablets (a un precio aprox de 200 usd en el mercado ecuatoriano) o 20 mil computadores de escritorio (precio aprox. 500 usd); la mensualidad de más de 350 mil planes de internet (el plan de conectividad más barato de CNT que otorga una velocidad de 20 mps es de 27.89 usd). Son 1.545 estudiantes afectados por la suspensión del programa del diploma, un millón de estudiantes que no tienen acceso a internet de los 3 millones de estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema fiscal en niveles de educación general básica y bachillerato a nivel nacional.

Bachillerato Internacional vs. Otras Ofertas Educativas del Mineduc

Una sentencia que reconozca el Bachillerato Internacional como un derecho nos pondría la soga al cuello. Si solo se mira un lado de la moneda tenemos la perspectiva de 1500 estudiantes privados de un programa educativo, bajo esa premisa se pretende que se reconozca un derecho en la línea de la progresividad de derechos que garantiza la constitución vigente. Del otro lado de la moneda tenemos un millón de estudiantes sin conexión, cientos de miles de docentes impagos, millones de estudiantes que forman parte del sistema educativo y también tienen derecho a permanecer y egresar de la secundaria.

Suponiendo que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del acto administrativo que suspende la ejecución del PD y ordena “la restitución de derechos” a los estudiantes que “cursan” el BI y fueron asignados al Bachillerato en Ciencias, esto supondría que el Mineduc debería tomar 10 millones de USD de su presupuesto para cancelar la deuda y cubrir los costos con la OBI para el presente año escolar; es decir, que la sentencia avalaría a la Ministra de Educación a recortar otros programas, entidades administrativas y consecuentemente despidos de personal administrativo y docente para poder cubrir el PD.

Comparar entre ofertas, es decir entre los programas que ofrece el Mineduc para el bachillerato y garantizar la promoción y egreso del sistema educativo, no es justo porque no podemos decir que los estudiantes del bachillerato técnico profesional tienen menos derechos que los estudiantes del bachillerato internacional. Ninguno de los dos tiene más derechos que los estudiantes del bachillerato en ciencias o el programa acelerado. En este supuesto de comparar y seleccionar los recortes entonces pongamos sobre la mesa todos los programas que oferta el Mineduc que tienen diferentes objetivos y que en suma garantizan el desarrollo humano de esta nación, que generan oportunidades, que promueven el desarrollo de habilidades sociales, la vinculación con la comunidad, la preparación para el trabajo, la prevención de la violencia escolar y social, entre otros.

Si hablamos de derechos…

Quiero empezar con el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana vigente especifica los principios rectores para los derechos y libertades reconocidas en ella, con eso queda claro que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (#6); que los contenidos de los derechos se desarrollan a través de la política pública de manera progresiva y es el Estado el obligado a generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio; mientras que las acciones u omisiones de carácter regresivo son inconstitucionales (#8).

Para el contexto actual de una crisis sanitaria, económica y educativa es una obviedad que el Estado no logra generar y garantizar las condiciones necesarias para la progresividad de derechos; a mi entender, la autoridad educativa nacional está obligada a que sus acciones u omisiones no sean regresivas en cuanto a hacer realidad lo dispuesto en el artículo 28 primer inciso: “Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. Esto abarcaría la decisión de pasar a los estudiantes de PD a BGU (en ciencias). Dicho de otra forma, estamos en emergencia y el Ministerio de educación le otorga educación gratuita y remota, le entrega lo que hay, lo que puede a TODOS. Cumpliendo en lo que le corresponde el artículo 348: “La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.”

Si hablamos de derechos, el problema está en la educación pública gratuita que hoy el Estado no puede financiar de manera oportuna, regular y suficiente para 3 millones de estudiantes. Si hablamos de derechos, hay un actor principal en el proceso educativo y en este proceso constitucional que no ha sido escuchado: los estudiantes de bachillerato en el sistema fiscal. La Corte debería tener un canal para escuchar esas voces, una vez más es evidente la necesidad de un Defensor de la Niñez y Adolescencia.

Bajo otras circunstancias, si pretendemos que no existe una crisis educativa por la pandemia y que tenemos 10 millones en el presupuesto de educación para pagar lo adeudado a la OBI y el costo de certificación de las cohortes 2020 – 2021 de los regímenes costa – galápagos y sierra – amazonía, es decir, del total de instituciones educativas públicas que ofertan el BI. Si las condiciones fueran esas y el Mineduc decide no continuar con la oferta del BI, recomendaría que se garantice que los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato culminen el bachillerato con esta oferta y no se les cambie el programa; que se destine un presupuesto a hacer seguimiento de todos los estudiantes que han sido beneficiarios del programa del diploma en instituciones públicas. Hoy el escenario no es ese.

Salir de la crisis requiere que la normativa ecuatoriana abra todas las puertas posibles para que llegue educación a cada rincón del país, a través de diversas fuentes de financiamiento no solo del Estado, no solo de los padres de familia, a través de aulas físicas, virtuales o lo que fuere. Empezando por garantizar el acceso a materiales y a un maestro, pagando los salarios docentes a tiempo, reconocer económicamente a los maestros que han puesto de su bolsillo materiales, alimentos, transporte, internet, dispositivos para sus estudiantes y para preparar clases. Entonces, la decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión del BI en instituciones públicas tendrá consecuencias en todo el sistema educativo.

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Pronósticos para Secundaria

¿Qué significa la sentencia de la Corte Constitucional y su jurisprudencia vinculante para las instituciones educativas? ¿cuáles son las consecuencias de la resolución de la Asamblea Nacional? ¿Qué hacer con la educación sexual? ¿Cómo plantear el tema a los padres de familia y que sean aliados en lugar de enemigos durante el próximo año escolar? ¿Quiénes son los adolescentes que llegarán a las aulas en septiembre? Sin duda es un tema complejo y surgen más preguntas, propongo en este post hacer un recuento de la sentencia, la resolución y un pronóstico sobre quienes llegarán a las aulas.

1. Sentencia vinculante de la Corte Constitucional

El 27 de junio de este año mediante sentencia N° 003-18-PJO-CC, la sala de revisión de la Corte Constitucional resolvió el caso N° 0775-11-JP dónde se presentó una acción de protección en contra del Plan de Prevención de Embarazo Adolescente del Ministerio de Salud Pública. En el 2011 el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha rechazó esta petición ya que encontró infundamentada y que el Ministerio de Salud estaba cumpliendo con el mandato constitucional y legal. Los representantes de la Fundación Papá por Siempre se quejaban del acceso gratuito a preservativos por parte de adolescentes entre 12 y 14 años y por atentar al deber de los padres de educar a sus hijos.

Para resolver este caso, la Corte Constitucional en funciones tomó en cuenta algunas definiciones para enmarcar su análisis y decisión, desde la definición biológica, cronológica, sociológica y jurídica de la adolescencia; lo que constituye el principio de autonomía, el principio del ejercicio progresivo de derechos en la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos garantizados en la normativa ecuatoriana vigente para todos los ciudadanos y en particular para los adolescentes. Analizó el concepto de familia y las garantías constitucionales así como los fallos y jurisprudencia emitidos por la misma corte en relación a los tipos de familia reconocidos y protegidos por la constitución (“la Corte considera que la Constitución del Ecuador reconoce como familia a todo grupo humano que tenga vida en común en la que se formen vínculos afectivos y materiales de dependencia mutua sea cual sea su grado de formalidad y el sexo de sus miembros”), los deberes de la familia, el derecho a la intimidad familiar, el derecho a la salud. Finalmente, en referencia a la campaña de prevención de embarazos en la adolescencia y la educación sexual por parte de los organismos del Estado concluye lo siguiente:

“119. Esa intervención estatal no puede de ninguna manera entenderse como una injerencia indebida en la obligación de los adultos miembros de la familia de informar a sus hijos e hijas adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva. De hecho, dada la condición de las y los adolescentes de actores sexuales, es fundamental que estos estén en la capacidad de asumir sus decisiones, para lo cual, tanto la familia, como la sociedad y el Estado deben otorgarles toda la información requerida, pero además, adoptar medidas efectivas que permitan el ejercicio pleno de esos derechos, en concordancia con el derecho a la salud (at. 32 C.R.) y a la educación (art. 26. C.R) garantizados en la Constitución de la República.”

Posterior a esto, se encuentra  la sentencia de la Corte Constitucional que establece dos reglas y es lo único que se ha compartido y debatido en la mayoría de medios, redes incluso en la Asamblea:

REGLA #1

“La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables.”

REGLA #2

“La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado  como un “salvador externo” que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.”

En conclusión:

  • La educación sexual es obligación de todos: familia, sociedad, escuela y Estado (Ministerio de Educación y Ministerio de Salud).
  • El límite a esta guianza o acompañamiento es la autonomía de los adolescentes, son ellos quienes deciden cómo, cuándo y con quien empezar su vida sexual activa y el ejercicio de su sexualidad.
  • Nadie puede impedir a los adolescentes acudir por información y atención médica en relación a su salud sexual y reproductiva. En caso de que la familia, el Estado o la institución educativa les niegue el acceso a información certera en forma diligente y que le permita tomar decisiones adecuadas en pos de proteger su integridad, los adolescentes pueden acudir a una autoridad judicial y solicitar la protección de sus derechos.
  • Decisiones libres, informadas y responsables: aquí las instituciones educativas tienen un rol protagónico, por un lado les corresponde facilitar el acceso a la información, a la difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, tendrán que trabajar con mayor profundidad en el desarrollo de habilidades sociales, en la resolución de conflictos, en la responsabilidad y el respeto cuando  cuando los adolescentes y las personas en general tomamos decisiones sobre nosotros y nuestro cuerpo.

2. Resolución de la Asamblea Nacional en “defensa de la familia”

Lo más difundido a través de los medios de comunicación fueron las intervenciones de los asambleístas donde quedaba clara su postura sobre los derechos de los adolescentes y la educación sexual, con reiteradas expresiones de apoyo a los padres de familia, a que solo a ellos les corresponde la crianza de los hijos, un discurso acorde a la campaña “Con mis hijos no te metas”. Aquí, la nota de El Universo “Asamblea respalda derecho de padres para criar a sus hijos sin interferencias del Estado”.

La resolución de la Asamblea Nacional del 31 de julio del 2018, cuenta con 5 artículos, en su motivación se mencionan algunas disposiciones constitucionales, bajo su conveniencia para sostener su postura, se toman también antecedentes de hecho como la cantidad de embarazos adolescentes, han dejado de lado normativa que sí fue considerada por la Corte Constitucional, en general la motivación de la resolución no es coherente con el mensaje que se presenta en el articulado.

Desde el primer artículo la resolución presenta una ponderación hacia los derechos de los adultos y no hacia los derechos de los adolescentes, con expresiones del tipo “el derecho de la familia”, los derechos humanos de la familia, “los derechos de los padres” y con escuetas menciones al interés superior del niño, la corresponsabilidad del Estado con la familia en su protección.

Para rematar la Asamblea Nacional finaliza su  resolución exhortando a la Corte Constitucional para que respete el derecho de las familias a elegir como educar a sus hijos. Con este texto hacen quedar a la Corte Constitucional como si estuviera vulnerando derechos de los adolescentes cuando en realidad han cumplido su labora a cabalidad resolviendo en derecho una consulta sobre derechos fundamentales y con mayor profundidad en su argumentación jurídica sobre la autonomía de los adolescentes para decidir sobre vida sexual.

La postura de la Asamblea Nacional es clara: prevalece el derecho de los padres por sobre los derechos de los adolescentes, es decir, los considera como objetos de cuidado y no sujetos de derecho, seres en desarrollo que adquieren derechos y obligaciones progresivamente.

Aquí lo verdaderamente grave, pues han pasado casi 30 años desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño que puso en marcha un nuevo paradigma con la Doctrina de la Protección Integral, los principios de interés superior del niño, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos, entre otros. En el 2003 se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia que dio paso al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en Ecuador. La Constitución del 2008 continuó con este espíritu garantista y aprobó el voto facultativo para adolescentes a partir de los 16 años.  El 27 de junio del 2018 la Corte Constitucional emitió una sentencia con carácter vinculante sobre el principio de autonomía, el límite que imponen los derechos de los adolescentes a los adultos, los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. El 31 de julio de 2018 los asambleístas pusieron el progresismo de lado, retrocedieron no solo hacia un marco jurídico conceptual que no existe más, sino que vulneraron los derechos de un grupo de atención prioritaria como lo reconoce la Constitución en su artículo 35.

Cito el texto completo del artículo 44 que la Asamblea evitó en su motivación e hizo una escueta referencia, como ejemplo de su manipulación de la ley para soportar una postura que vulnera derechos e invisibiliza a todo un grupo poblacional en Ecuador.

“Art. 44 El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”

¿En qué se traduce esto para las instituciones educativas? En la necesidad de plantear posturas y lineamientos para la educación sexual durante el próximo año lectivo, en cómo se crearán alianzas con las familias procurando crear un clima escolar positivo y de contención para los estudiantes. Este tema es delicado e importante y me gustaría profundizar en otro post, por ahora únicamente les dejo esto: corresponde al director o directora del colegio tomar las riendas y liderar.

3. La institución educativa y los adolescentes

¿Qué es lo que se viene? Después de noticias y debates, de las decisiones de los poderes del Estado, ¿Qué se encontrará un docente de secundaria en el aula?

Vivo en Buenos Aires y desde hace 5 meses todos los días veo chicas de 12 y 13 años, con su pañuelo verde en el cuello, como una gargantilla que no se sacan nunca. Veo chicos que se envuelven el mismo pañuelo en la muñeca, otros lo llevan anudado en sus mochilas. Un pañuelo que lo llevan como si fuera un super escudo, un símbolo que los identifica y los une, porque aunque acudan a distintas instituciones secundarias, públicas y privadas, tienen en común la edad y los ideales.

Tan chiquitas y comprendieron que no se puede vivir con miedo, que sus cuerpos están cambiando y sus aparatos reproductores en desarrollo son capaces de producir una nueva vida, aunque sus cuerpos tan pequeños todavía no tengan la fuerza para sostenerla. Son adolescentes que quieren información, saber qué hacer ante una situación violenta, qué hacer para no ser víctimas, cómo cuidarse, cómo ejercer su sexualidad. Empoderarse del pañuelo verde a una “temprana edad” es comprender una pregunta filosófica milenaria “el origen de la vida”, ligada al consentimiento y al deseo. Es el instinto manifestándose a través de curiosidad, de la memoria celular o ese algo dentro de uno que te hace querer saber más de un tema.

La revolución de las hijas y la marea verde no es una moda, no es la novela de turno con ídolos teens, actores o cantantes, son adolescentes y no unos rebeldes sin causa, en Argentina piden “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Es una influencia que va a llegar a Ecuador sí, tal vez embanderados con el color violeta u otro color, los adolescentes se empezarán a movilizar porque se pretende negarles la educación sexual para decidir.

Este debate sumado a lo resuelto por la Corte Constitucional y la resolución de la Asamblea Nacional, van a marcar el curso de este próximo año escolar, yo lo veo como una oportunidad para el aprendizaje basado en proyectos, para guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma que satisfagan los intereses y necesidades de los estudiantes, la construcción de vínculos que lleven a una sana convivencia escolar, el desarrollo de habilidades, cubrir temas como el debate y la argumentación, investigación en fuentes primarias y secundarias.

Estudiantes hiperconectados, adolescentes movilizados, colegios, docentes y familias interpeladas por las nuevas generaciones para que respeten sus derechos. Los docentes de secundaria tendrán entre sus estudiantes a hijos de padres que apoyan “que no se metan con sus hijos”, hijos de padres que apoyan la educación sexual, e hijos de padres que no se dan ni por enterados del alcance del internet y las redes sociales en la vida y educación en la actualidad. Los docentes, directivos y demás profesionales que trabajen en nivel secundario deberán poner énfasis en un modelo de enseñanza afectiva que facilite estos procesos; en casa, los padres, madres y adultos responsables del cuidado del bando, religión, nacionalidad o edad que fueren, también deberán de abrir sus ojos, sus corazones y sus oídos que han estado voluntariamente sordos hacia las demandas de chicos que a través de la tecnología acceden a todo lo que desean conocer, deban o no saberlo, sea o no sea apropiado para su edad; porque al fin y al cabo, una resolución de la Asamblea como la del 31 de julio pasado, no defiende la familia sino que pone en riesgo a los adolescentes.

El pronóstico es positivo para quienes estén dispuestos a contener y guiar estas demandas y los estudiantes que las defiendan; mientras que el pronóstico es negativo para asambleístas, organizaciones como “con mi hijo no te metas” y demás adultos que sostengan la desinformación y las prohibiciones en relación a los derechos sexuales y reproductivos en primera instancia y la consideración de los adolescentes como sujetos de derecho en segunda pero no menos importante instancia.

Corresponsabilidad

El debate de la tenencia compartida en Ecuador ha logrado que se ponga en marcha una nueva reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Inicio en el malestar de uno que otro padre manifestando su inconformidad e injusticia por la imposibilidad de ver a sus hijos y ser exigidos el pago de la pensión alimenticia; progreso con la unión de estos individuos, quienes lograron poner en la agenda pública temas como la inequidad en pagos y gastos relacionados a los hijos de hogares separados, la vulneración de los derechos de padres e hijos cuando se niegan las visitas infundadamente por parte de la madre y un sistema de justicia que incumple la Doctrina de la Protección Integral.

Se han visibilizado en medios y redes sociales varios problemas legales que requieren ser resueltos y legislados por la Asamblea Nacional, también se han visibilizado concepciones erróneas de los principios que establece la normativa sobre niñez y adolescencia en el país.

En la protección de la infancia y adolescencia, existe un principio aún más importante que el principio de interés superior del niño; efectivamente, en la doctrina de la protección integral, los principios se interrelacionan y no se superponen o anulan entre si,  sinembargo, la corresponsabilidad abarca al mundo adulto, sea Estado, sociedad civil, escuela, familia, progenitores, en su rol de cuidado y protección de la infancia y la adolescencia.

Actualmente lo que está en discusión es la corresponsabilidad de los progenitores, y es donde encontramos propuestas, concepciones que se desvían de la finalidad de incluir a la corresponsabilidad como principio que guía la protección de los derechos de los niños. Como María Dolores Miño hace entender en su entrevista en El Comercio, que la pensión de alimentos que perciben los cuidadores corresponde al principio aquí discutido.

En el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano vigente el art. 9 define a la función básica de la familia en los siguientes términos:

 “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”

La responsabilidad compartida no se puede disolver ni monetizar. ¿Cuál es la excepción? cuando el progenitor vulnere los derechos e integridad del menor, cuando exista violencia intrafamiliar, cuando el progenitor se encuentra en interdicción civil.

La responsabilidad del progenitor pensionista no se limita al pago de una mensualidad,  su rol de padre no se activa durante las visitas y suspende al minuto siguiente en que el menor vuelve al hogar del progenitor que tiene la tenencia legal de este. Mas aún, ese aporte económico no constituye un salario ni compensación económica para el progenitor que ha sido otorgado la tenencia del menor.

La crianza de los niños y adolescentes no necesita un salario para reconocer las madrugadas, las malas noches, o el estar pendiente de las tareas escolares. La corresponsabilidad en la crianza de los hijos requiere que tanto padre como madre provean de espacios seguros con mínimas condiciones de salubridad para el desarrollo de los niños. Este principio significa límites, rutinas, el mismo trato en ambos hogares.

Es eliminar las exenciones a las reglas de la mamá – o del papá-, “porque como nunca te veo aquí puedes dormir más tarde, puedes levantarte más tarde, puedes no bañarte o comer todas las golosinas que se te antojan, yo te compro.” Corresponsabilidad es acordar las rutinas, los límites, las consecuencias, los temas negociables como los no negociables. Es que los padres independientemente de los problemas en su relación y que acarrearon la separación, entiendan que existe un vínculo sanguíneo entre ellos, vínculo que a su vez  acarrea derechos y obligaciones.

Si todavía no ha quedado claro que el principio de corresponsabilidad no es carta blanca a un salario impuesto por el juez a favor del progenitor que tiene la tenencia; la corresponsabilidad no tiene por fin únicamente a los hogares separados, ni protege únicamente a los los hijos de padres divorciados o solteros.

Hay un tema que no se discute, algo que no se visibiliza en esta pugna sobre quién tiene más derechos y menos obligaciones, o más obligaciones y menos derechos sobre los hijos. Se trata de la soledad en que viven los chicos. Esta situación afecta todo tipo de hogares, donde los adultos, ambos, todos trabajan sostenerlo económicamente y se ausentan de sus viviendas durante largas jornadas, incluidas las ausencias prolongadas sean o no para entretenimiento u obligaciones de los adultos responsables.

El estar solos en casa durante muchas horas después de clase y hasta que lleguen a casa es una realidad para muchos, otros tienen más suerte y pasan con sus abuelos o tíos, y los que cuentan con mejor suerte tienen actividades extracurriculares, salen más tarde de la escuela o van a clases de idiomas, deportes, música; no pasan en casa, tampoco pasan con sus padres. ¿Podría cambiar o mejorar esta situación en caso de aprobarse la tenencia compartida?

En la corresponsabilidad no hay un solo responsable, lo obvio, todos somos responsables. En la coparentalidad se debe recordar que los hijos son sujetos de derechos, no bienes divisibles; se trata de finalizar con el “yo tengo y tu das”, “yo cuido y tú mantienes”. Ambos engendran, ambos adoptan, ambos crean un hogar. La sociedad conyugal se disuelve, el vínculo sanguíneo no.

Es un tema polémico que toca la sensibilidad de las familias, la necesidad de legislar sobre la coparentalidad hace que el Estado traspase el límite entre lo público y lo privado, cuando el Estado se mete con las familias, incomoda.