En esta contienda electoral hemos presenciado tres debates en los que únicamente en uno han participado todos los candidatos, dos organizados privadamente, el primero, por “El Comercio” y el segundo por la Cámara de Comercio de Guayaquil; mientras que el tercer debate y de asistencia obligatoria para todos los candidatos fue organizado por el Consejo Nacional Electoral.
Tanto el debate de El Comercio (9 y 10 de enero) como el debate de la CCG (14 y 15 de enero) dividieron a los presidenciables en dos grupos que debatieron en dos jornadas con cuatro temas en los cuales no constó la educación como un tema de preguntas, bueno, los debates no fueron debates sino intervenciones de los candidatos sobre sus planes de gobierno y propuestas de campaña evadiendo las preguntas de los moderadores. El tercer y último debate, el del CNE, la educación si llegó a la agenda, pero no todos los candidatos tuvieron la oportunidad de hablar sobre su propuesta educativa.
La noche del 16 de enero fue la sección correspondiente a las preguntas de carácter social en el debate del CNE. Los candidatos que efectivamente dieron sus respuestas sobre educación fueron Guillermo Lasso, Ximena Peña, Giovany Almeida, Lucio Gutierrez, Pedro Freile, Gustavo Larrea, Guillermo Celi, Carlos Sagnay, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Yaku Pérez e Isidro Romero. Fueron recurrentes los temas de autonomía universitaria, el libre acceso a la universidad y elección de carrera, la oferta y fortalecimiento del bachillerato técnico; sobre las consecuencias de la pandemia en la educación del país la respuesta fue el acceso a internet, la dotación de dispositivos a estudiantes y docentes.
Espacios de la Sociedad Civil
La educación también estuvo presente en espacios de discusión con candidatos presidenciables y para la asamblea organizados por la sociedad civil. Entre estos podemos contar los encuentros organizados por el Contrato Social por la Educación y por Juntas X Ellas, en el primero para tratar exclusivamente la agenda educativa mientras que en el segundo abordaron varios temas sociales y económicos. Tuve la oportunidad de participar en el conversatorio del Contrato Social por la Educación con el candidato Gustavo Larrea y en el programa Rompe el Muro de Radio Voz Andina Internacional
La plataforma “Ecuador Decide” de Grupo Faro incluyó cuatro temas específicos de política educativa: educación general básica y bachillerato, educación superior, educación digital, e inclusión educativa. Cada tema presenta un diagnóstico sobre la situación del país y se puede comparar las propuestas entre candidatos para cada tema, dejando claro que si bien la herramienta es interactiva y una importante fuente de información, no puede suplir la falta de propuestas e información de los planes de gobierno de los candidatos.
Escuelas aptas para ser recintos electorales, pero no para educar.
Tras un año de pandemia, las instituciones educativas se llenaron de personas, movimiento, vida pero no por estudiantes y docentes ávidos de continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, sino para recibir a millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en los recintos electorales. De acuerdo a datos presentados por la Ministra Cramer, a nivel nacional se utilizaron 3909 instituciones educativas como recintos electorales, mientras que menos de 300 instituciones educativas (incluyendo públicas y privadas) cuentan con un plan piloto de retorno a clases presenciales aprobado por el COE Nacional.
La pregunta ensordecedora que no se ha puesto sobre la mesa es por qué tuvimos más de tres mil instituciones habilitadas para ser recintos electorales y no para funcionar con algún tipo de presencialidad en lo que va de los ciclos escolares tanto en sierra como en costa. ¿Dónde está el obstáculo, en el COE Nacional o en los recursos del Ministerio de Educación? Ojalá que no esperemos a que se cumpla la segunda vuelta el 11 de abril para tener 3 mil instituciones educativas funcionando con algún tipo de presencialidad para los estudiantes y no solo en modo remoto.
Finalmente, los efectos de la educación remota en los aprendizajes, la deserción escolar y otros efectos del covid19 en el sistema educativo ecuatoriano deben tener más protagonismo en la segunda etapa del proceso electoral, un plus será que los candidatos aporten con nombres de quienes conformarían los gabinetes, quien relevará a la Ministra Cramer en hacer frente a esta crisis educativa.
A partir de la declaración de la emergencia sanitaria y el Estado de Excepción en marzo de este año, se inicia lo que conocemos como una fase de educación remota de emergencia que se dio en todo el mundo y que en algunos países ha concluido con el retorno progresivo a las aulas; mientras que en Ecuador al igual que en otros no han retornado todavía a lo que conocemos como una educación presencial, sino que se ha iniciado el nuevo año escolar en modalidad virtual y con las escuelas cerradas.
El homeschooling es una respuesta para los padres que se planteaban ¿educar a sus hijos en casa o enviarlos a una escuela? En cierta forma el covid19, la cuarentena y la suspensión de asistencia a clases presenciales coarta la libertad de elegir si envían o no a los chicos a la escuela, hay un bien mayor que proteger que es la salud de toda la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.
Considero oportuno analizar cómo se configura el homeschooling a partir de las decisiones tomadas en el contexto de la pandemia, reconfigurando las normas y políticas en relación a la decisión de los padres de educar a sus hijos por fuera del sistema, los conflictos que surgen y las oportunidades que se presentan en esta oferta educativa.
1. Aclaraciones
Hay términos que se han usado a partir de la pandemia para denominar el proceso de escolarización durante estos meses de cuarentena y los términos de los lineamientos de educación abierta y las definiciones en la LOEI y su reglamento. Lo importante de diferenciar y comprender a qué se refiere cada modalidad u oferta es para establecer las responsabilidades y el marco de acción de cada actor: institución educativa, familia, estudiante, gobierno, tutores, y docentes.
La oferta extraordinaria de “Educación en Casa”, conocida como “homeschooling” responde a la libertad constitucional de los padres de elegir para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias, una opción que traslada la responsabilidad de la formación de los estudiantes a los padres, donde ellos planifican los contenidos y tiempos de aprendizaje, las rutinas y la metodología. La educación no necesariamente se da “en la casa”, usualmente quienes eligen esta modalidad son familias que viajan mucho por actividades laborales de los padres, porque los chicos son deportistas de alto rendimiento, por situaciones de salud incluyendo a quienes se encuentran en programas de rehabilitación por uso, consumo y abuso de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, adolescentes embarazadas o en periodo de maternidad.
La suspensión de asistencia a clases presenciales para prevenir el esparcimiento del covid19 trajo como consecuencia que tanto hijos como padres compartan más tiempo en casa; en consecuencia, se mezclan esas actividades que se daban en espacios distintos en tiempos paralelos: el trabajo y la asistencia a clases. Familias en modo teletrabajo y educación remota de emergencia, pero en lo práctico los padres empezaron a llamar homeschooling a: estar pendientes de que sus hijos se conecten a clases, realicen tareas, estudien, participen en clases, en organizar que las actividades extracurriculares también tengan su sesión de zoom. Los docentes y las instituciones educativas continuaron laborando desde casa, con clases sincrónicas y manteniendo horarios escolares, contenidos y actividades que se podían adaptar a nuevos formatos.
Nadie tiene tiempo para estar corrigiendo a los padres que llamaron a ese mix de crianza/más responsabilidades sobre la educación de sus hijos/ teletrabajo, que eso no es el verdadero homeschooling, y eso está bien. Los conflictos y confusiones surgen a partir de la normativa para la educación abierta que emite el Mineduc en julio para organizar cómo iniciaría el siguiente año escolar en el ciclo sierra; además con la modificación de la normativa de las ofertas extraordinarias, específicamente lo que se refiere al homeschooling, y la cereza del pastel: los lineamientos para la modalidad educación en casa.
Basada en esta normativa y con la esperanza de aclarar en algo esta confusión de términos de las modalidades educativas que reconoce el Ministerio de Educación en Ecuador, realicé este cuadro:
Modalidades Educativas vigentes en Ecuador en el marco del COVID 19, excepto la educación presencial que es referencial.
2. Reglas del juego
Continuemos analizando cómo se configura el homeschooling en Ecuador a partir de la nueva normativa. Para empezar, el homeschooling es avalado por la constitución y la ley; es decir, no es prohibido, por supuesto que encontraremos un antes y un después de la pandemia en la regulación de esta modalidad educativa, pero en lo que está vigente hoy y con planes a futuro, la normativa de Ecuador deja muy poco lugar para el accionar, la elección y la responsabilidad de los padres. Esto es un elemento clave que configura al homeschool como tal: elección y sacrificio de los padres, en consecuencia, Ecuador será considerado como parte de aquellos estados que permiten pero que son inflexibles en cuanto a las normatividad de la educación por los padres.
Existen dos acuerdos ministeriales que contienen normativa respecto a la educación en casa, el primero relativo a las modalidades extraordinarias y el segundo, relativo a la educación abierta, el primero prepandemia y el segundo emitido durante la pandemia. El problema y la confusión radican en los lineamientos publicados en julio del presente año, donde dan detalle de lo que deben hacer las instituciones educativas para ofertar la educación en casa, lo que deben hacer los padres y los funcionarios de los distritos.
Los lineamientos confunden porque tratan a la educación en casa como una modalidad de educación abierta, que no lo es, y de paso incluyen al “servicio de Educación en Casa, en Estados de Excepción o Emergencia” (lo que ha ocurrido a partir de la declaración de la crisis sanitaria, estado de excepción y cuarentena obligatoria en marzo, también conocido como educación remota en contexto de emergencia) dentro de estas nuevas normas que se supone son para los padres que eligen educar a sus hijos fuera del sistema.
Los lineamientos explican desde los requisitos para que las instituciones públicas, fiscomisionales o particulares ofertan la nueva modalidad de educación en casa, cómo y dónde deben solicitar los padres de familia la matrícula de sus hijos (distrito en caso de la pública y directamente en la institución educativa en caso de la privada); hasta que momento del año escolar se puede optar por esta modalidad, el proceso de aprobación de la solicitud y quien lo realiza, las responsabilidades de los padres de familia, de los distritos y del personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Los lineamientos también detallan cómo construir el plan de estudios en concordancia con el currículo nacional, las actividades de socialización reconocidas por el MINEDUC, disposiciones sobre el Programa de Participación Estudiantil (requisito obligatorio para obtener el bachillerato en Ecuador), la frecuencia en que deben encontrarse los docentes con los padres de familia (2 veces al mes), las evaluaciones para la promoción de niveles y sobre la reinserción en el sistema educativo.
De la lectura de los lineamientos, se puede concluir que existe más regulación, más que una guía que acompaña a las familias, la normativa limita el accionar, la elección y la responsabilidad de los padres para educar a sus hijos. Los lineamientos generan más carga administrativa para los vicerrectores, sub-directores, departamento de consejería estudiantil y docentes de la institución educativa un punto importante ya que los costos que cubren la matrícula y mensualidad en el caso de las privadas equivalen únicamente a los salarios docentes y se excluye al personal encargado de gestión de la institución y al DECE*.
*(Informe Técnico para el Proyecto de Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A, de 23 de agosto de 2019- en el que se establezca los costos del servicio de Educación en Casa).
3. El homeschooling no es una “opción barata”
Las primeras reacciones de padres en cuanto a las pensiones para el sector particular fue que debían reducirse porque no es lo mismo la educación presencial que online y que ya no existen los costos de infraestructura física por lo que los gastos no representan el costo de la pensión, luego la crisis económica se acrecienta y en julio el Ministerio de Educación emitió lineamientos para la educación abierta, además de las disposiciones sobre el cobro de pensiones y matrícula para cada oferta de las instituciones particulares.
Al disponer que la oferta de educación en casa sea el 30% de la pensión autorizada por el Ministerio, pasa a ser la mensualidad más baja en relación con las otras ofertas; el homeschooling se vuelve más atractivo para familias en crisis. Pero educar en casa en primer lugar implica un sacrificio, o el padre o la madre dejan de trabajar para dedicarse a la educación de sus hijos. En segundo lugar, las familias deben tener un presupuesto para materiales, recursos, dispositivos tecnológicos, actividades de socialización, deportes, todos los extracurriculares que ahora también son coordinados por los padres. Esto es, la educación en casa no significa que no hay gastos, y mucho menos que todos estos gastos son responsabilidad o van a correr por parte del Estado.
El presupuesto debe considerar la matrícula y pensión a la institución educativa en caso de elegir matricular a su hijo en el sector privado, si van a contratar un tutor a tiempo completo o por horas, servicios de salud preventiva, la contratación de un seguro de accidentes, si su hijo requiere apoyo psicopedagógico deberá prever el costo de las terapeutas; además es recomendable este tipo de apoyo para la adaptación de los estudiantes y las familias que pasan del sistema educativo a la casa, es decir, que se desinstitucionalizan, y en el momento de que quieran volver al sistema.
4. Inequidades
El hecho de que se organicen “learning – pods”, “micro-escuelas”, “cooperativas de padres”, “escuelas burbuja” va a ser beneficioso para las familias que tienen recursos, no así para las familias de menores recursos. En los medios vemos ya estas brechas, en las comunidades que no tienen acceso a internet se reúnen debajo de un árbol o en espacios abiertos a trabajar con los cuadernillos elaborados por el Ministerio, una madre, abuela o adolescente sin experiencia se hace cargo del grupo, porque lo más importante es estudiar. Ecuador ha dado el paso de reconocer zonas no escolares como espacios educativos para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la escuela o internet.
La normativa para la educación abierta define a los “Ambientes no Convencionales” de aprendizaje como: “El proceso educativo puede desarrollarse en cualquier lugar y momento fuera de la infraestructura educativa, como la casa o la comunidad, fomentando la autoformación, que es la base del aprendizaje, la cual estará afianzada con la entrega de materiales físicos al estudiante por parte de la institución educativa, como artículos y/o guías impresas, libros, o material multimedia a través de CD u otros; también puede utilizar como soporte al proceso educativo la radio y la televisión”.
La disposición general quinta del Acuerdo Ministerial – MINEDUC – 2020-00038 establece la posibilidad de los ambientes no convencionales de aprendizaje únicamente para los estudiantes de instituciones educativas de sostenimiento fiscal. Para los adolescentes del subnivel de básica superior y del nivel bachillerato que viven en lugares de difícil acceso o que no cuentan con recursos tecnológicos, pero pueden acudir a una institución educativa esporádicamente, se implementará una educación flexible y acorde a las realidades y contextos territoriales.
Del otro lado, las familias homeschoolers con mayores recursos se organizan, contratan tutores altamente calificados, padre y madres con alto capital cultural organizan las actividades de socialización. Surgen nuevos emprendimientos que ofrecen servicios educativos en casa, contratan en modalidad servicios profesionales (pagando por hora trabajada o servicio prestado) a docentes que perdieron su empleo por la pandemia.
Considero que por un lado esas comunidades van a generar inequidad más que una diversidad positiva y plena. Considero que el hecho de que un padre quiera que los chicos de la misma edad aprendan juntos una misma materia es aceptar los fines del sistema educativo: homogeneidad y simultaneidad sistémica y por lo tanto se desvirtúa el significado y propósito del homeschooling.
Pero, por qué hablamos de que se generan inequidades. En la práctica las familias que eligen educar a sus hijos, como las familias que han decidido mantener a sus hijos matriculados en el sistema educativo a través de la modalidad regular que NO tiene asistencia a las escuelas y las modalidades abiertas, están utilizando los servicios de tutores, comunidades o learning pods. Mientras que las familias que no tienen recursos, no pueden acceder a tutores, a expertos y aquellas comunidades de aprendizaje – ejemplo “la escuela bajo el árbol” que coordinan dos adolescentes en Guayas- son agrupaciones o reuniones de estudio, mas no hay una guianza bajo criterios pedagógicos.
No está mal pedir ayuda cuando no tienes idea cómo educar a un niño, ni está mal que las familias que tienen empleo y por lo tanto no tienen disposición de tiempo para las actividades formativas de sus hijos busquen apoyo de expertos. Precisamente la cuestión que genera aprendizajes desiguales es la posibilidad de acceso, en la práctica no es lo mismo cuando un estudiante con dificultades de aprendizaje trabaja con un docente, en contexto de aula, o un tutor; que un estudiante con dificultades de aprendizaje en un contexto de menores recursos económicos, que asiste a un “ambiente no convencional” con adultos a cargo que no tienen idea de como identificar o apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Entonces a menor oportunidad de acceso a un docente o tutor, menor oportunidad de aprender mejor y por lo tanto, menores oportunidades para el desarrollo humano.
5. Precarización docente
Otro tema que causa confusión por la redacción de los lineamientos es la figura del docente de la institución educativa y del docente – tutor, que no son lo mismo pero a ratos parecen ser la misma persona que tienen las mismas responsabilidades. El docente -tutor se trata del padre que está a cargo de la formación de sus hijos o el tutor que la familia contrata para el efecto. Indagar sobre los tutores nos permite plantear los riesgos que traen los servicios escolares a domicilio para la cuestión docente.
Entonces, los servicios escolares a domicilio (por empresas y no solo por el docente a nivel personal-profesional) están permitidos por estos lineamientos del MINEDUC y pensados en las familias que eligen la educación en casa y quieren contratar tutores que apoyen las tareas pedagógicas. En este punto pienso en todos los requisitos que pide el Ministerio a las instituciones educativas privadas para demostrar que ofertar la modalidad educación en casa es algo sostenible dentro del proyecto educativo y especialmente en lo económico. ¿Qué proyecto es sostenible en una crisis? ¿Son los servicios escolares a domicilio algo sostenible?
Es que enseñar, no es cocinar, no es vender comida, no es vender mascarillas ni cualquier otro producto que se pueda ofertar a domicilio. La calidad de la educación requiere profesores que estén descansados, bien de salud, con menor nivel de estrés, que tengan espacio para ofrecer el abanico de recursos que requieren sus estudiantes de acuerdo a intereses, niveles y dificultades de aprendizaje de ser el caso. Planificar, preparar, dar la clase, evaluar. Hay mucho trabajo detrás de esa hora pedagógica que se da.
¿Qué política educativa está avalando el Estado en cuanto al ejercicio de la docencia? ¿cómo funciona? ¿Tendremos profes-delivery? Docentes que van de un lado a otro, de un hogar a otro, dando una hora de tutoría por aquí y otra por acá, sumando horas hasta llegar a fin de mes con los gastos y con las justas. ¿Cómo van a funcionar los días y horas de descanso de los docentes o las licencias por enfermedad u otras cuestiones personales?
En serio, el tema salud es algo importante en la cuestión docente y más en contexto de una pandemia. Si un docente trabaja directamente para una familia, ¿quién cubre su seguro de salud? ¿quién cubre las pruebas para detectar el COVID19? ¿será afiliado a la seguridad social? ¿qué ocurre si el docente se contagia en el hogar al que presta servicios? Si un docente trabaja bajo modalidad servicios profesionales para una “empresa de servicios de educación en casa”, es decir, es tercerizado; funcionará el hora no trabajada, hora no pagada, y con ello, los docentes no reportarían enfermedades de cualquier tipo o si se ven forzados a tomar licencias y descanso, sus ingresos disminuirán considerablemente.
Hay que ver más allá de lo que parece un gran emprendimiento para una persona, a costa de la necesidad de los docentes que se quedaron sin empleo; más allá de la satisfacción de la necesidad de familias homeschoolers o de educación abierta o remota que requieren apoyo de docentes; debemos ver por la calidad de vida de los docentes como profesionales y seres humanos cuya integridad personal y desarrollo humano se ve disminuido a causa de la pandemia y las políticas educativas de la cuarentena.
6. Los debates que se habilitan.
A mi parecer el debate del homeschooling no termina con el fin de la pandemia, ni con la decisión del Ministerio de Educación de “ampliar la oferta” o de que los padres decidan educar a sus hijos en casa, matriculen en una institución educativa e informen en el distrito.
Hay temas que la agenda educativa ecuatoriana deberá retomar: la educación moral, la educación sexual, el desarrollo de habilidades sociales, la importancia de los docentes y su formación, cuestiones de género: el rol de las mujeres y los obstáculos que enfrentan las mujeres para obtener empleos y ocupar altos cargos en lo público y lo privado, temas de tolerancia política o religiosa. El impacto en el mercado educativo de esta doble privatización que se da al pagar matrícula privada, más educación a cargo de los padres que en realidad contratan tutores.
Yo quiero plantear dos temas, el primero desde la significancia de asistir a la escuela para los estudiantes, y el segundo, desde los obstáculos para el empleo y emprendimiento de las mujeres. En el primer caso, tanto las instituciones educativas públicas como las privadas proveen para muchos niños un espacio seguro, de socialización, de aprendizaje, y de construcción de identidad individual; un lugar en el cual son considerados y respetados independientemente de quienes son sus padres, y donde ellos pueden conocer de diferentes tradiciones, culturas y creencias distintas a las de su hogar. Los estudiantes son valorados por ser estudiantes y no por ser hijos. Son considerados por sus caracteres, por su estado, por su situación, independientemente de la situación de los padres. Entonces me gustaría plantear la pregunta de cómo esta ruptura generada por la pandemia y por la decisión del homeschooling en lugar de la educación abierta va a impactar en los niños y adolescentes.
En el segundo caso, considero importante hablar de las posibilidades que genera el homeschooling en contexto de pandemia para que los hombres ocupen roles de cuidado, crianza y formación en el hogar, mientras que las mujeres continúan con su desempeño laboral en modo teletrabajo o trabajo presencial. Es decir, romper con la tradición del homeschooling en que la mujer es quien se queda en casa educando a los niños, dejando de lado su carrera profesional o posibilidades de empleo para dedicarse 100% a la crianza, educación y el hogar. No hay que perder de vista que en una economía en crisis, trabaja quien tiene la oportunidad y se convierte en proveedor del hogar sea el hombre o la mujer, además si una mujer ocupa un espacio de poder tanto en lo público o privado no puede estar obligada a dejarlo de la noche a la mañana porque decidieron educar a los hijos en casa y “ese rol no le corresponde al marido”.
Fuentes consultadas:
Donnelly, M. P. (2012). Homeschooling. In C. L. Glenn & J. De Groof (Eds.), Balancing freedom, autonomy and accountability in education: Volume 1 (199-220). Tilburg, NL: Wolf Legal Publishers.
West, Robin. The harms of homeschooling.
Lineamientos para la implementación del servicio educativo extraordinario “educación en casa”. Ministerio de Educación, Ecuador. 2020.
Informe Técnico para el Proyecto de Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A, de 23 de agosto de 2019- en el que se establezca los costos del servicio de Educación en Casa
En medio de la pandemia y crisis educativa a nivel mundial por el COVID19, en Ecuador se han tomado decisiones que han afectado al derecho a la educación y al sistema educativo, es por lo tanto necesario reflexionar sobre estas acciones e inacciones y su impacto en la educación ecuatoriana ahora y en el futuro.
Quiero empezar analizando desde la política educativa sobre la suspensión del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas de sostenimiento público para el régimen costa – galápagos 2020 – 2021. Esta decisión la tomó la Ministra de Educación Monserrat Creamer y se comunicó a las 77 instituciones educativas afectadas a través del Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020’00205-M del día 4 de mayo del 2020. Actualmente la Corte Constitucional lleva el caso N10-20-IA donde se sostiene que se ha vulnerado el derecho a la educación y la movilidad social de estudiantes y familias pertenecientes a las instituciones educativas afectadas.
Antecedentes
Previo a instaurarse el Programa del Diploma de la Organización de Bachillerato Internacional en instituciones educativas de sostenimiento público se aprueba la Constitución vigente en el 2008, donde se establece la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y obligatoriedad de la educación hasta el nivel de bachillerato; posteriormente en el 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento en el 2012. La normativa de carácter progresivo y garantista, permite entonces poner el foco en la calidad educativa y desarrollar políticas y programas que atiendan las necesidades educativas del país.
Hasta el 2013 la oferta del Bachillerato Internacional en Ecuador se encontraba únicamente en instituciones educativas privadas, mayoritariamente el Programa del Diploma para los últimos años del bachillerato y pocas instituciones ofertan el Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa de Escuela Primaria (PEP). Después de un programa piloto en el sector fiscal, se dispuso ofertar gradualmente el Programa del Diploma en instituciones públicas alcanzando su implementación a 77 instituciones en el ciclo costa – galápagos y 120 instituciones en el ciclo sierra- amazonía (vigentes al año – lectivo 2019 – 2020).
El 6 de febrero del 2020 el Ministerio de Educación (Mineduc) emite el Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-MINEDUC-2020-00005-A que contiene las directrices para implementar los programas del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas fiscales, municipales y privadas en Ecuador. Al emitir regulaciones para las instituciones públicas se entiende que previo a la pandemia, no existe intención del Ministerio de Educación de suspender el Programa del Diploma, sino dar un marco normativo para fortalecer esta oferta.
Afrontando la crisis
Pensemos en el escenario actual de los sistemas educativos y en quienes deben tomar las decisiones. No hay recursos, en los próximos meses se reduce el presupuesto del Estado y por lo tanto lo que recibirá el Ministerio de Educación, ¿qué programas mantengo? ¿cuáles son los programas y departamentos que deben ser priorizados para garantizar la continuidad educativa en el sistema fiscal? ¿qué programas puedo suspender para poder utilizar esos recursos en áreas fundamentales? ¿a quién doy preferencia y por qué doy esa preferencia al momento de costear programas diferentes al bachillerato en ciencias ofertado por las instituciones públicas?
Desconozco si existen precedentes jurisprudenciales en Ecuador, normas o doctrina sobre el manejo y reorganización del presupuesto de una cartera de Estado, como lo es el Ministerio de Educación, durante un Estado de Excepción. Si bien existe la disposición expresa del art. 165 #2 de no desviar fondos públicos destinados a educación durante el Estado de Excepción; nada dice de límites o prohibiciones a quien dirige el sistema educativo sobre el destino de los recursos dentro de la gestión de la misma cartera; esto sería, si la Ministra puede o no reorganizar las partidas presupuestarias con las que cuenta en favor de garantizar el derecho a la educación.
En el caso que lleva la Corte Constitucional el Mineduc plantea que el costo – eficiencia del Programa del Bachillerato Internacional es tan bajo que no justifica la inversión, además el Estado ecuatoriano adeuda a la Organización del Bachillerato Internacional apróximadamente tres millones de dólares mientras que para la implementación óptima del Programa a nivel nacional se requieren más de siete millones de dólares. Por lo tanto, el argumento de tener bajos porcentajes de aprobación y certificación de estudiantes en instituciones educativas de sostenimiento público para la suspensión del programa del Diploma pierde fuerza si consideramos el acuerdo publicado cinco semanas antes de la suspensión de actividades en todo el sistema educativo a nivel nacional. Mientras que, si consideramos los costos de implementación ante una crisis económica donde el financiamiento educativo se ha reducido considerablemente, la decisión de suspender el Bachillerato Internacional es lógica.
Bachillerato Internacional vs. Conectividad vs. Salarios Docentes
El covid19 volcó a todos los sistemas educativos del mundo a una educación remota de emergencia a través de internet y dispositivos tecnológicos a un híbrido entre el homeschooling y la educación online. Poniendo en foco las políticas educativas en tecnología, la pandemia dejó ver la escasa infraestructura, la falta de acceso a dispositivos tanto en las familias como en las escuelas, la necesidad de formar a los docentes para utilizar dispositivos, plataformas y ejercer en contextos adversos y distintos al aula de clases.
Las políticas educativas referentes a tecnología educativa y conectividad en las escuelas, al igual que la implementación del BI, son posibles a partir de la LOEI en el 2011, ambas sin el éxito esperado. Hoy pensamos en cómo sería la realidad del sistema educativo ecuatoriano si, al igual que Uruguay con su Plan Ceibal, hubiéramos concentrado esfuerzos y presupuestos en equipar escuelas, docentes y estudiantes hasta llegar a un 100% o porcentaje cercano previo a la pandemia, previo a las crisis económicas que han afectado al país, o si no tuviéramos gobiernos corruptos que ni la educación han dejado fuera de sus intereses.
La prevención del COVID19 a través del distanciamiento social es incompatible con la realidad de la organización del aula. La infraestructura escolar está pensada para que en ella habiten miles de estudiantes en jornadas de ocho horas durante cinco días a la semana y, en consecuencia, se suspendió la asistencia a las escuelas en Ecuador y en todo el mundo. Esta salida que evita la proximidad y el confinamiento de estudiantes y docentes no es perfecta, trajo mayores interrogantes y desafíos a los sistemas educativos, el primero corresponde a la continuidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo que fue resuelto en parte al utilizar dispositivos y conectividad a internet desde los hogares.
En esa línea, el problema trajo otros problemas; el asunto es que en lugar del programa de conectividad en las escuelas que financian el Ministerio de Educación, Ministerio de Telecomunicaciones y la Cooperación internacional, la conectividad desde los hogares la pagan las familias y los docentes. El gobierno dispuso a CNT (empresa pública que provee el servicio de internet) no cobrar las tarifas durante la pandemia y garantizar la conectividad, sin embargo, la obligación del Mineduc de proveer de dispositivos a estudiantes y docentes, plataformas educativas para uso de docentes, estudiantes y familias continua; además de contar con infraestructura tecnológica para el personal del Ministerio y sus oficinas desconcentradas con el fin de garantizar la provisión del servicio educativo.
Aliviar el gasto a las familias para que los estudiantes puedan tener conección a internet, dispositivos sean celulares, tablets o computadoras, la construcción de redes que proveen el servicio de internet se han vuelto una necesidad básica que requiere un amplio presupuesto destinados al acceso al derecho a la educación.
Existe otro gasto urgente que el Ministerio de Educación no ha cumplido: el pago de los salarios docentes. Desde el inicio de la cuarentena en marzo de este año, el Ministerio de Educación no ha pagado los salarios docentes con puntualidad; los docentes han recibido sus remuneraciones pasada la primera quincena del mes, excepto el salario correspondiente al mes de junio que hasta la fecha de hoy (27 de julio) no ha sido depositado. Primero se debió a que el Ministerio de Finanzas utilizó partidas presupuestarias de educación para el pago de la deuda externa, luego bajaron los ingresos que el Estado percibe a través de la recaudación tributaria y que son destinados al financiamiento educativo. Los docentes son un eje fundamental del sistema educativo y no han parado de trabajar, adaptarse al cambio, repartir canastas de alimentos, entregar cuadernillos pedagógicos, enviar tareas por whatsapp, etc.; tampoco han dejado de ser padres, madres, sostenes de sus hogares, requerir medicinas o tener deudas impagas.
Las políticas de conectividad y las políticas referentes a la cuestión docente parecen incomparables con la provisión del programa del diploma del BI, excepto que las dos primeras son condiciones imprescindibles para garantizar el acceso a la educación, la continuidad pedagógica de millones de niños y adolescentes en el país y nos encontramos en un contexto de crisis donde los recursos destinados al financiamiento educativo son escasos. Entonces, si consideramos lo que equivalen los 10 millones de dólares necesarios para reactivar el programa del diploma, en conectividad y salarios podemos ponderar la decisión de la Ministra Cramer.
Un mes de salario de 12.239 docentes en categoría G (817 USD); 50 mil tablets (a un precio aprox de 200 usd en el mercado ecuatoriano) o 20 mil computadores de escritorio (precio aprox. 500 usd); la mensualidad de más de 350 mil planes de internet (el plan de conectividad más barato de CNT que otorga una velocidad de 20 mps es de 27.89 usd). Son 1.545 estudiantes afectados por la suspensión del programa del diploma, un millón de estudiantes que no tienen acceso a internet de los 3 millones de estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema fiscal en niveles de educación general básica y bachillerato a nivel nacional.
Bachillerato Internacional vs. Otras Ofertas Educativas del Mineduc
Una sentencia que reconozca el Bachillerato Internacional como un derecho nos pondría la soga al cuello. Si solo se mira un lado de la moneda tenemos la perspectiva de 1500 estudiantes privados de un programa educativo, bajo esa premisa se pretende que se reconozca un derecho en la línea de la progresividad de derechos que garantiza la constitución vigente. Del otro lado de la moneda tenemos un millón de estudiantes sin conexión, cientos de miles de docentes impagos, millones de estudiantes que forman parte del sistema educativo y también tienen derecho a permanecer y egresar de la secundaria.
Suponiendo que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del acto administrativo que suspende la ejecución del PD y ordena “la restitución de derechos” a los estudiantes que “cursan” el BI y fueron asignados al Bachillerato en Ciencias, esto supondría que el Mineduc debería tomar 10 millones de USD de su presupuesto para cancelar la deuda y cubrir los costos con la OBI para el presente año escolar; es decir, que la sentencia avalaría a la Ministra de Educación a recortar otros programas, entidades administrativas y consecuentemente despidos de personal administrativo y docente para poder cubrir el PD.
Comparar entre ofertas, es decir entre los programas que ofrece el Mineduc para el bachillerato y garantizar la promoción y egreso del sistema educativo, no es justo porque no podemos decir que los estudiantes del bachillerato técnico profesional tienen menos derechos que los estudiantes del bachillerato internacional. Ninguno de los dos tiene más derechos que los estudiantes del bachillerato en ciencias o el programa acelerado. En este supuesto de comparar y seleccionar los recortes entonces pongamos sobre la mesa todos los programas que oferta el Mineduc que tienen diferentes objetivos y que en suma garantizan el desarrollo humano de esta nación, que generan oportunidades, que promueven el desarrollo de habilidades sociales, la vinculación con la comunidad, la preparación para el trabajo, la prevención de la violencia escolar y social, entre otros.
Si hablamos de derechos…
Quiero empezar con el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana vigente especifica los principios rectores para los derechos y libertades reconocidas en ella, con eso queda claro que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (#6); que los contenidos de los derechos se desarrollan a través de la política pública de manera progresiva y es el Estado el obligado a generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio; mientras que las acciones u omisiones de carácter regresivo son inconstitucionales (#8).
Para el contexto actual de una crisis sanitaria, económica y educativa es una obviedad que el Estado no logra generar y garantizar las condiciones necesarias para la progresividad de derechos; a mi entender, la autoridad educativa nacional está obligada a que sus acciones u omisiones no sean regresivas en cuanto a hacer realidad lo dispuesto en el artículo 28 primer inciso: “Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. Esto abarcaría la decisión de pasar a los estudiantes de PD a BGU (en ciencias). Dicho de otra forma, estamos en emergencia y el Ministerio de educación le otorga educación gratuita y remota, le entrega lo que hay, lo que puede a TODOS. Cumpliendo en lo que le corresponde el artículo 348: “La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.”
Si hablamos de derechos, el problema está en la educación pública gratuita que hoy el Estado no puede financiar de manera oportuna, regular y suficiente para 3 millones de estudiantes. Si hablamos de derechos, hay un actor principal en el proceso educativo y en este proceso constitucional que no ha sido escuchado: los estudiantes de bachillerato en el sistema fiscal. La Corte debería tener un canal para escuchar esas voces, una vez más es evidente la necesidad de un Defensor de la Niñez y Adolescencia.
Bajo otras circunstancias, si pretendemos que no existe una crisis educativa por la pandemia y que tenemos 10 millones en el presupuesto de educación para pagar lo adeudado a la OBI y el costo de certificación de las cohortes 2020 – 2021 de los regímenes costa – galápagos y sierra – amazonía, es decir, del total de instituciones educativas públicas que ofertan el BI. Si las condiciones fueran esas y el Mineduc decide no continuar con la oferta del BI, recomendaría que se garantice que los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato culminen el bachillerato con esta oferta y no se les cambie el programa; que se destine un presupuesto a hacer seguimiento de todos los estudiantes que han sido beneficiarios del programa del diploma en instituciones públicas. Hoy el escenario no es ese.
Salir de la crisis requiere que la normativa ecuatoriana abra todas las puertas posibles para que llegue educación a cada rincón del país, a través de diversas fuentes de financiamiento no solo del Estado, no solo de los padres de familia, a través de aulas físicas, virtuales o lo que fuere. Empezando por garantizar el acceso a materiales y a un maestro, pagando los salarios docentes a tiempo, reconocer económicamente a los maestros que han puesto de su bolsillo materiales, alimentos, transporte, internet, dispositivos para sus estudiantes y para preparar clases. Entonces, la decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión del BI en instituciones públicas tendrá consecuencias en todo el sistema educativo.
El 8 de mayo se realizó en Quito el lanzamiento de lo que será un plan nacional de educación para la próxima década, se trata del Acuerdo Nacional por la Educación, el cual tiene siete mesas o ejes de trabajo: derechos humanos; educación técnica; jóvenes y empleabilidad; educación en valores, educación para el desarrollo sostenible, interculturalidad y educación; desarrollo infantil integral y primera infancia; y, educación a lo largo de toda la vida. Sin embargo, han dejado de lado un eje fundamental del sistema educativo: la cuestión docente.
Sorprende que en el 2019 se hable de educación sin visibilizar a los educadores y al liderazgo pedagógico como la base para la calidad educativa. La formación docente inicial, el desarrollo profesional, la carrera docente, los méritos e incentivos salariales, la remuneración y el escalafón docente son temas fundamentales de los que ya se habla en la normativa educativa vigente y en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Temas relevantes que deben ser debatidos, cuestionados, mejorados y planificados para la próxima década en el marco de un diálogo nacional con todos los actores de la política educativa ecuatoriana.
El país ha invertido en la formación docente a través de la creación de la UNAE y becando a maestros y maestras para procurar que alcancen estudios de cuarto nivel y de esta forma incidir en la mejora de la calidad educativa de la educación pública, constituyéndose un ejemplo para la región. Así mismo, los últimos años hemos sido testigos de miles de denuncias de abusos sexuales cometidos por docentes dentro de las instituciones educativas tanto públicas como privadas; de casos de corrupción en la asignación de cupos para acceder a la educación pública; y de casos de violencia entre pares que no tuvieron una intervención oportuna.
El Acuerdo Nacional por la Educación debe abrir la puerta al debate sobre lo bueno y lo malo del ejercicio y la formación docente en Ecuador; me parece un total desacierto de la política educativa ecuatoriana no tomar a la cuestión docente como un eje de este Acuerdo. ¿Quiénes establecerán en nuestros niños y adolescentes las bases para la educación a lo largo de toda la vida? ¿quiénes formarán jóvenes para los empleos del futuro? ¿quiénes formarán en valores a los niños, niñas y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos? ¿quiénes son los responsables de capacitar a los adolescentes que siguen la educación técnica? ¿quiénes cuidan y acompañan el desarrollo de los infantes en sus primeros años de vida? ¿quiénes enseñan a garantizar los derechos humanos y el desarrollo sostenible en ambientes interculturales y diversos?
Hoy en Ecuador celebramos el día del maestro y quisiera hablarles de los grandes pedagogos ecuatorianos y de cómo me inspiraron, pero no los conozco todavía ni cómo influyeron en el sistema educativo ecuatoriano o en la región; esa es una de mis asignaturas pendientes: la historia de la educación ecuatoriana.
Así que parto del mismo lugar de quienes me leen, sé que el 13 de abril de cada año celebramos el día del maestro ecuatoriano en honor a Juan Montalvo, que tenemos un himno al maestro que nos saca lagrimitas cuando lo escuchamos; que existen buenos maestros y malos maestros.
Conozco profes capaces de crear un vestido con unos cuantos juegos de barajas, y esos profes que trabajan como hormiguitas para mudar una clase, preparar un festival, adaptar materiales y contenidos para las necesidades de estudiante. Así como también conozco profes que no reciben el trato que merecen, que no tienen estabilidad laboral, que con cada decisión del Estado o de la directiva de la institución educativa donde trabajan se desmotivan cada día más de su profesión.
Profesores hay muchos, “profes” muy pocos. Todos quienes hemos asistido a la escuela, al colegio, a la u, podemos distinguir que tuvimos un profe a quien quisimos más que nos marcó de una u otra forma. Esa profe que la recordamos siempre, que es parte de nuestras anécdotas del colegio, o que nos motivó para seguir o no seguir por determinado camino profesional. La mayor de las suertes la tenemos quienes tuvimos profesores con manos de ángeles, personas que con cada clase llegan a tu corazón, a cada fibra de tu cuerpo, profes que saben cómo, cuándo y dónde estimular el cerebro y los resultados son increíbles: aprendes, creces, cambias.
No tuvieron la misma suerte las víctimas de abuso por parte de sus profesores o autoridades; lamentablemente han ejercido la docencia delincuentes de todo tipo y en lugar de producir recuerdos positivos generaron traumas en niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Han marcado familias con dolor. Lo escribo aquí por respeto a las víctimas, porque no todos los profes son malos, porque confío en la pedagogía y en la existencia de grandes maestros que cada día y en el anonimato educan seres humanos para convertirse en ciudadanos globales. Aún así, no podemos cerrar los ojos a los daños ni esconder víctimas; para mejorar la educación y garantizar experiencias escolares de calidad hay que prevenir y reparar, abrir los ojos y actuar.
Basta de nostalgia. Hablemos de realidades, del presente y del futuro. El romanticismo de la fecha a veces nos traiciona y nos quedamos en las conmemoraciones, los reconocimientos a quienes han dedicado toda su vida a la docencia, serenatas, poemas, y flores, son bonitos e importantes pero de la cuestión docente hay mucho que hablar.
Esta semana pasó a la historia porque por primera vez se pudo fotografiar un agujero negro; producto de un trabajo colaborativo de investigadores de varias disciplinas y de un equipo liderado por una mujer, una estudiante de doctorado: Katie Bouman. Si bien las fotografías del #blackhole son impresionantes, lo que más ha trascendido son las fotografías de Katie mientras se tomaba la fotografía y su breve entrevista después de ello. Es imposible no emocionarse con ella, le brilla la mirada, transmite su pasión, su triunfo que no tiene límite sino más preguntas para investigar con mayor profundidad acerca de este fenómeno del universo. La fotografía del agujero negro es un claro ejemplo de porque en la escuela primaria y secundaria ahora se TIENE que trabajar por proyectos, resolviendo problemas y colaborativamente. La importancia de aprender a aprender, a cuestionar, a indagar.
¿cómo transformar la enseñanza para generar esa pasión? ¿ cómo innovar nuestro sistema educativo para formar más chicas y chicos como ella? ¿cómo generar y mantener esas miradas de nuestros estudiantes que han descubierto algo nuevo, que han resuelto un problema por sí mismos? ¿qué estamos haciendo hoy en las aulas para avanzar hacia el futuro? La clave de todo: los docentes.
Entonces ¿cómo va la cuestión docente en Ecuador? debemos pensar en dos instancias: los docentes que están en ejercicio y los que están en formación inicial (cursando estudios de tercer nivel). Según datos del Ministerio de Educación, Ecuador tiene 221.337 docentes entre niveles inicial, básica y secundaria entre todos los sostenimientos (esto al 2018); mientras que datos del INEVAL sobre la formación de los docentes en ejercicio al 2016, indican que si bien hay más docentes mujeres que hombres, son más los hombres que poseen un título de cuarto nivel, el doble en relación a las profesoras que cuentan con estudios de posgrado. El Geoportal de SENESCYT indica que en el 2015 apenas el 8% de la matrícula a nivel nacional correspondía a carreras de educación (inicial, básica y diferentes especialidades).
Los esfuerzos por mejorar la cuestión docente van desde espacios virtuales de formación, becas y convenios para estudios de posgrado con universidades locales y extranjeras, la creación de la UNAE como una universidad específicamente destinada a producir docentes. Una nueva recategorización docente, las evaluaciones SER MAESTRO y SER DIRECTIVO, los incentivos salariales en base a los resultados de estas evaluaciones (consta en la LOEI pero no han sido aplicados), el programa de mentores educativos y la medida más reciente: la reducción de la carga administrativa para docentes de instituciones educativas públicas, privadas y fisco – misionales.
Tal vez se pregunten en dónde están los mejores maestros y cuáles son los mejores formados o sobre la efectividad de las medidas enunciadas anteriormente, cuáles son los parámetros para decir si un docente es bueno o malo. Qué tan fácil o qué tan difícil es ser maestra, si es una cuestión de vocación o de talento. Tal vez nos falte información y precisemos investigar para resolver todas estas preguntas; si hay algo de lo que estoy segura es que llegó la hora de abrir el debate y de comprometernos más con la educación de nuestro país y con los docentes ecuatorianos.
Quiero pensar, y hoy les invito a creer, que en Ecuador tenemos 221.337 creadores de estrellas que alumbran el camino hacia el futuro. Creadores de estrellas en cada institución educativa encendiendo la chispa en la mirada de los estudiantes. Que el presente y futuro del Ecuador contará con ciudadanos, profesionales, investigadores formados con valores; estrellas creadas con pasión, paciencia, perseverancia, fruto de la creatividad y la disciplina.
Desde que inicié mi vida universitaria en la carrera de abogacía, esta pregunta ha sido una constante, la escuché durante las clases de derecho público y privado. Algunos años después esta pregunta se trasladó a los escenarios de la política educativa durante la cursada de la maestría y no se agota, la encuentro nuevamente durante el desarrollo de mi investigación sobre violencia escolar.
Concretamente, en el ámbito del litigio se espera a que surja un conflicto para resolverlo, el quebrantamiento a la ley y el daño a los bienes materiales e inmateriales protegidos por esta, para poner en marcha un aparato de justicia que encuentre al culpable y lo sancione. Desde este mismo ámbito jurídico, se espera que la educación sea una herramienta para corregir desviaciones en el comportamiento de los individuos y se los instruya para reinsertarse en la sociedad como ciudadanos respetuosos de la convivencia y el orden social.
Enfocándonos en la economía de la educación, las tres lecturas que guían este ensayo presentan el mismo debate, ¿la escuela o la cárcel?,¿cuál tiene más impacto y mejores beneficios para la sociedad? En líneas generales proponen que el acceso a educación impacta en la disminución de los niveles de criminalidad, debido a que los estudiantes logran diseñar un proyecto de vida y conocen las consecuencias que un delito traería; además para el caso de los adolescentes, durante el tiempo que ellos pasan en la escuela no están cometiendo ilícitos y disminuye el nivel de criminalidad.
Groot & Van DenBrink(2010) afirman que la educación constituye un elemento primordial para evitar que los individuos se involucren en comportamientos criminales; la probabilidad de que se cometan delitos como vandalismo, asalto, robos y amenazas disminuye con más años de educación. TambiénMachin, Marie, &Suncica, (2011) analizan el efecto de disminución de la criminalidad que tiene la educación, su estudio indaga el potencial de las inversiones en recursos y políticas públicas para para la prevención del crimen. Estos últimos reflexionan sobre la satisfacción a corto y a largo plazo relacionadas con el cometimiento de delitos. Esto significaque,si deseas un beneficio material o económico inmediato, no esperas a terminar tus estudios y conseguirun trabajo para proveerte de ese bien, sino que acudes por la vía ilícita. Por el contrario, si es que esperas, si trabajas y asimilas las recompensas de la satisfacción a largo plazo, tienes más cuidado en cumplir las normas y en obtener bienes materiales e inmateriales por la vía legal, justa.
Según el enfoque de capital humano, los crímenes que requieren de pocas destrezas o preparación tienen una correlación negativa con la actividad delictiva de los adultos. Esto quiere decir que, no es que a cierta edad se disminuye la participación en actividades delictivas, sino que existen ciertas conductas criminales asociadas a la adultez, estos son los llamados delitos de cuello blanco. El documento titulado “Educación, Trabajo y Crimen: Un Enfoque del Capital Humano” de autoría de LanceLochner(2004), contiene la premisa de que los crímenes de cuello blanco incrementan con la edad y el acceso a la educación; a pesar de que se espera que los individuos con un mayor nivel de formación y de mayor edad no cometan delitos; existe una correlación positiva entre educación y fraude tributario, es decir que, a mayor nivel de estudios de una persona, mayor probabilidad tendrá esta de cometer fraude tributario.El gran aporte de la teoría del capital humano deLochneres que los efectos de la educación en la disminución o aumento de la criminalidad dependen del bien jurídico protegido y del nivel de formación del victimario.
Retomando el análisis deMachin, Marie, &Suncica, (2011) la educación reduce los delitos de propiedad, por lotanto,las mejoras en educación generan externalidades positivas. Invertir en la educación de quienes han delinquido y quienes están en riesgo de delinquir, debe ser considerado como una intervención clave a nivel de política pública para combatir el crimen. No obstante, las políticas preventivas del tipo “a mayor oferta educativa, menor actividad delictiva” encuentran su límite en las decisiones que toman los individuos para invertir, trabajar o cometer otros crímenes en el caso de los reincidentes.
El delincuente de cuello blanco calcula el retorno que recibe a partir de la actividad delictiva, su formación académica y las destrezas desarrolladas a partir de la educación y la experiencia laboral, le permiten proyectar un ingreso extra al realizar actividades ilícitas. Un criminal sin el mismo grado de formación no puede hacer el mismo tipo de proyecciones, sus motivos son distintos. Obtener un diploma no garantiza que el ejercicio profesional de quien lo obtuvo sea ético y transparente. Por un lado, está la posibilidadde obtener un título de forma fraudulenta, en un sistema altamente corrupto o con controles blandos y políticas de educación superior ineficientes. Por otro lado, se encuentran la necesidad económica y las ofertas de empleo, las aspiraciones sociales y salariales no siempre encuentran cabida en el mercado laboral de lo lícito.
En el caso de los delitos informáticos, el fraude y las estafas se requiere un conocimiento específico, el desarrollo de habilidades y conocimientos, que implican más que leer y escribir; en esta misma línea otros delitos que requieren de niveles de educación superior serían el plagio y el abuso de autoridad.
Los delitos de cuello blanco corresponden a un contexto socio económico alto, consisten en el desvío de grandes cantidades de dinero procurando un beneficio privado a través de la gestión de bienes e intereses públicos. Esto se correlaciona con la alta posibilidad de acceder a cuotas de poder legítimas (ya sea por elección popular o designación de una autoridad competente en respuesta a favores políticos – y muchas veces personales- para cargos de libre nombramiento y remoción) que tienen las personas con un mayor nivel de formación académica.
Ninguno de los documentos analiza a la disciplina escolar ni los programas de educación socio emocional como una variable del impacto de la educación en los niveles de criminalidad; considero que es una debilidad de lospapersconsultados ya que han demostrado que acceder, permanecer y egresar del sistema educativo tiene beneficios mas no garantiza un comportamiento ético y apegado a la ley. Aquello que ocurre dentro de la escuela sí importa, por lo tanto,la economía de la educación debe considerar entre sus variables a la cultura escolar, el currículo, la relación con los docentes, la figura de autoridad pedagógica y cómo son resueltos los problemas de convivencia escolar.
Si bien desde el punto de vista punitivo no se podría prescindir de las cárceles para la prevención del crimen, tampoco puede prescindirse de la inversión en educación – no solo la construcción de escuelas- ya que esta traerá más beneficios a la sociedad. Una sólida formación en valores y habilidades sociales en consonancia con sistemas disciplinarios que procuren retener en las instituciones educativas a los estudiantes tendrán efectos negativos en criminalidad.
Paradójicamente la cárcel atraviesa dos decisiones cruciales en mi vida, la primera cuando elegí estudiar la carrera de derecho y la segunda cuando elegí formarme y desempeñarme profesionalmente en el ámbito educativo, en lugar de ejercer la abogacía. Hasta el día de hoy recuerdo a Pedro y su sonrisa, un chico que conocí en el “Virgilio Guerrero” un centro de detención para menores de edad en Quito. Cuando yo cursaba el penúltimo año del secundario visitamos con mis compañeros a los chicos que se encontraban en el programa de rehabilitación por consumo de drogas, muchos de ellos habían delinquido, asaltado a personas en la calle y realizado hurtos menores. Teníamos la misma edad, pero veníamos de un contexto tan diferente. Recuerdo a Pedro sonriendo mientras hacía pan y nos contaba que al cumplir su condena y la mayoría de edad él pensaba buscar un trabajo honrado, tener una carrera técnica y no volver a ser un “lancero”.
Desde mi adolescencia entendí el estrecho vínculo que existe entre criminalidad y educación, comprendí que la escuela beneficia más a la sociedad, que el conocer tus derechos yobligaciones,así como los derechos de los demás tiene un impacto profundo en la convivencia social, garantizando derechos, protegiendo bienes y previniendo delitos.
Bibliografía
Groot, W., & Van denBrink, H.M. (2010).The Effects of Education on Crime.Applied Economics, 42, 279-289.
Lochner, L. (2004, August). Education, Work, and Crime: A Human Capital Approach.International Economic Review, 45(3), 811-843.
Machin, S., Marie, O., &Suncica, V. (2011, May). The Crime Reducing Effect of Education.TheEconomicJournal, 121, 463-484
Una materia donde se les enseñe ética, porque es la única manera de evitar la corrupción en esta sociedad. Una materia donde se les enseñe a respetar a sus mayores. Una materia donde se les enseñe a no ser violentos o xenófobos. Pero es que si se trata de violencia deberían tener una clase de mediación y resolución de conflictos, no mejor que aprendan defensa personal, eso como recibir y otorgar golpes… etc. Y así, cada problema social se cree que debe ser parte de una cátedra específica en la formación básica.
La visión de que una maestra o profesor a cargo de una clase donde dicte valores salvará a la sociedad y el mundo del mañana es una idea que caducó hace mucho tiempo. El currículo no es una pastilla que cura todos los males y no se pueden insertar materias con cada escándalo social, esto debido a que hay cuestiones que son transversales a la formación y de tal importancia que están presentes desde el nivel inicial hasta el último nivel de la secundaria. Pensando en la formación de mejores seres humanos y la disminución de los conflictos sociales, la transversalidad consiste en que todas las materias, las actividades, los proyectos, las actividades extraescolares tengan un trasfondo de formación en valores y habilidades sociales y que este enfoque se mantenga presente durante toda la trayectoria escolar.
Hace exactamente 8 años estaba defendiendo mi tesina de licenciatura sobre los códigos de convivencia como una herramienta para la educación con enfoque de derechos, donde indagaba una herramienta pedagógica que tienen las instituciones educativas para trabajar varios temas: participación estudiantil, la enseñanza – aprendizaje de los derechos humanos y concretamente de la niñez y adolescencia; una herramienta para promover valores y cohesión social a través de ejercicios democráticos dentro de la escuela y por supuesto, para desarrollar las habilidades del siglo XXI o “soft skills” en los estudiantes, todo esto a través de los acuerdos o códigos de convivencia escolar. En lado opuesto a esta visión, por así decirlo, se encuentra la medida implementada por la administración de Fander Falconí que hizo obligatoria la asignatura “desarrollo humano integral” en todas las instituciones educativas a partir del año lectivo 2018-2019.
“Desarrollo Humano Integral” la nueva asignatura para el año lectivo 2018-2019.
El Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A emitido el 18 de septiembre de 2018 incluye en el currículo vigente desde el 2016, la asignatura “desarrollo humano integral”, esta debe cursarse semanalmente en una hora pedagógica en el nivel de educación general básica
es una asignatura obligatoria para todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares;
no tiene calificación (no forma parte de la evaluación sumativa ni consta en el reporte de calificaciones);
el docente debe presentar quimestralmente una autoevaluación de los estudiantes sobre su proceso de “desarrollo humano integral”;
la asistencia de los estudiantes es obligatoria;
busca promover la participación, la reflexión y el análisis crítico de aspectos relacionados con diversos problemas psicosociales que afectan a la comunidad educativa;
la asignatura es responsabilidad de un solo docente (el tutor del curso) y es parte de su carga horaria docente;
los docentes deben seguir los lineamientos del Ministerio de Educación a través de la “Guía de Desarrollo Humano Integral dirigida a docentes para la implementación de habilidades para la vida en el Sistema Nacional de Educación”.
En el mismo acuerdo se ordena a las Subsecretarías de Fundamentos Pedagógicos y de Innovación y Buen Vivir desarrollar la guía antes mencionada. El propósito de este documento es prescribir cómo se implementa las habilidades para la vida en el sistema educativo ecuatoriano, por lo cual los docentes estarán obligados a seguir estos lineamientos.
NO debe dictarse una materia.
La medida contenida en el acuerdo ministerial analizado, sigue minando el liderazgo pedagógico tan necesario en el sistema educativo ecuatoriano. En lugar de promover espacios para la innovación de las instituciones educativas, la colaboración entre pares (tanto docentes como estudiantes), una verdadera entrada de las TIC, la formación de una ciudadanía digital y competencias para la inserción en una sociedad y mercado laboral acordes a la cuarta revolución industrial; la decisión del ex-ministro Fander Falconí coarta la creatividad; y, responsabiliza únicamente a un docente en lugar de considerar toda la trayectoria escolar y toda la comunidad educativa (con esto los esfuerzos de varios maestros, directivos y personal de apoyo además de la familia).
Si hablamos de convivencia escolar, hablamos de la responsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa en el clima escolar. Si hablamos de desarrollo de habilidades ya sea bajo el enfoque knowmadico, el marco para la competencia global de la OCDE, o el enfoque integral o de “todo niño” de la ASCD, hablamos de lo mismo, todos estamos involucrados en la formación del estudiante, esto se conoce como una visión holística o integral de la educación.
Es conocido el proverbio africano que dice “se necesita una tribu para educar un niño”, un proverbio que se refiere al esfuerzo de varias personas, a la transmisión de la cultura y de los valores. La prevención de la violencia requiere cambios profundos en varias estructuras sociales y no depende únicamente del sector educativo. Criar y formar buenos ciudadanos para insertarse en la sociedad no depende únicamente de la escuela, ni de la familia; por lo tanto, tampoco puede depender de una asignatura “dictada” por 45 minutos a la semana.
Los problemas sociales y las falencias metodológicas y estructurales en la educación ecuatoriana no serán resueltos de la noche a la mañana y mucho menos bajo la modalidad de una asignatura obligatoria con una única visión de “desarrollo humano” que no necesariamente refleja la preparación del docente, o el aprendizaje de los estudiantes. Es momento de revisar y fortalecer la formación universitaria de los docentes así como los temas que atraviesan o debieran atravesar el currículo ecuatoriano.
En acontecimientos recientes y a dos semanas de las elecciones, la educación sigue siendo protagonista de la campaña electoral segunda vuelta.
Feriado bancario vs. Feriado educativo
El diario oficialista, El Telégrafo, publicó un artículo de Fander Falconí donde habla sobre “El Feriado Educativo” que causaría la elección de Lasso como presidente del Ecuador. La desinformación y confusión son el hilo que siguen todos aquellos que se encuentran del lado del oficialismo, sucede lo mismo con este artículo; Alianza País ve al Banco de Guayaquil hasta en la sopa.
El plan de gobierno de Lasso nada dice de financiar directamente a las escuelas privadas en lugar de dar cheques a los padres de familia. El voucher solo puede funcionar como un subsidio directo a los padres para su elección de escuela. Ellos eligen a cuál escuela pagar para que sus hijos asistan y reciban la educación que desean. La opción de subsidiar en parte a una escuela de gestión privada sigue estando vigente en Ecuador, no es creación de Lasso, las escuelas fiscomisionales cuya existencia está prevista en la Constitución y en la LOEI, son financiadas por los padres y por el Estado.
El padre pobre no tiene otra opción que la escuela pública, y eso si es que considera a la educación como un bien importante para su familia, de lo contrario, sus hijos simplemente no asistirían a la escuela o trabajarían (el trabajo infantil no ha sido erradicado en su totalidad en Ecuador, los niños en situación de calle es una problemática todavía visible, etc).
Las instituciones financieras, es decir los bancos, sí son parte de la gestión de los fondos y pagos de pensiones de las IE particulares, y no, un sistema de vouchers no significa engrandecer la cartera de clientes del Banco de Guayaquil directamente, ni es ese el propósito de implementar una política educativa de tal magnitud.
La educación siempre ha sido un bien sujeto a las leyes del mercado, no así, un derecho humano. La oferta educativa tiene relación con la demanda educativa, si no hay niños, adolescentes, jóvenes que educar, no son necesarios los maestros ni las escuelas. Si se amplía la cobertura educativa, es decir la oferta, es porque existen ciudadanos que requieren ser educados, es su derecho acceder a un servicio educativo gratuito, ellos constituyen la demanda de más y mejores escuelas, de más y mejores maestros.
El incremento o reducción de la matrícula en todo tipo de sostenimiento tiene varios motivos, uno de estos es el crecimiento o decrecimiento poblacional. Si hay menos niños, se cierran los grados y se despiden los maestros (reducción de la demanda); si es que hay más niños o adolescentes que educar, entonces hay que abrir más grados o crear más escuelas, contratar más maestros (incremento de la demanda); esa es la realidad ecuatoriana y latinoamericana; así funciona el mercado educativo, ya sea que corresponda a un modelo de Quasimonopolio educativo (sistema educativo ecuatoriano) o un modelo de Quasimercado.
En conclusión, si Lasso gana las elecciones del 2 de abril, la educación no volvería a ser considerada una mercancía, ésta siempre lo ha sido. Aducir que el feriado bancario, es decir la crisis causada por la iliquidez cambiaria en el sistema financiero ecuatoriano a fines de los 90s, es lo mismo que el estancamiento educativo es completamente errado. El supuesto “feriado educativo” del que habla Fander Falconí como un retorno a un pasado infame tampoco es posible, Ecuador tiene un Plan Decenal de Educación, el sistema educativo ecuatoriano ha sufrido una profunda reforma en la última década y de esto no se vuelve, el presente y el futuro son el único camino para la educación ecuatoriana, sin importar el gobierno de turno.
2. Lasso presenta a su delegado para el sector educativo
El candidato Lasso oficializa a León Roldós como su delegado para encargarse del ámbito educativo. Ahora ofrece “educación inclusiva y gratuita” y nos pone a la espera de un plan educativo a manos de Roldós. Lasso sigue sin entender que en primer lugar ya existe un Plan Decenal de Educación 2016 -2025 y que el Estado es parte de varios compromisos internacionales como lo son las metas educativas 2021, los objetivos de desarrollo sostenible, el Marco para la educación 2030, entre otros, la agenda educativa a largo y mediano plazo están marcadas.
Lo más importante, es que Lasso olvida que antes de realizar una nueva reforma educativa, hay que escuchar esas voces que se han mantenido en el anonimato, o silenciadas a la espera de un nuevo régimen de gobierno. Precisamente esta necesidad de escuchar otras voces es lo que motiva el cambio de gobierno, son estas voces las que le otorgarán el voto el 2 de abril.
3. El debate sobre la educación
Final y tardíamente la Red de Maestros convoca al debate sobre la educación. Esta semana a través de sus redes sociales, el gremio oficialista hizo públicas cartas dirigidas a los candidatos presidenciales donde los convoca a un diálogo sobre la educación – recordemos que Lenin no debate, solo acude a “diálogos” o monólogos con estructura de sabatina-.
Comparto la opinión de Milton Luna Tamayo representante del Contrato Social por la Educación, los cambios en educación deben reflejar las necesidades de la sociedad civil y la falta de debate impacta en la credibilidad de los candidatos. Conocer a los equipos técnicos de los candidatos para cada ámbito de la política pública elevaría el debate y además dejaría un claro mensaje de la dirección que tomaría al gobernar el país el ganador de la contienda electoral en abril.
Quedan cuatro semanas para volvernos a encontrar en las urnas. A partir del 19 de febrero, cada día, cada hora han incrementado la violencia, la intolerancia, las mentiras, la campaña sucia.
Habiendo definido dos candidatos a la presidencia del país, en un verdadero ejercicio democrático, deberían darse debates, diálogos, encuentros con ambos ante el público, ante las interrogantes de la ciudadanía; un espacio donde se transparenten las propuestas y marquen diferencias en sus planes de gobierno. Obviamente, esconderse tras el aparato de propaganda gobiernista es mucho más fácil que enfrentarse con “el cuco”.
Queda entonces la necesidad de interpelar al candidato Lasso, quien se ha mostrado afable a los debates y a exponer sus propuestas para el gobierno de Ecuador en caso de resultar ganador el 2 de abril.
La primera pregunta que viene a mi cabeza es ¿Quién estaría al frente del Ministerio de Educación? Esta cartera de Estado es una de las más importantes, de mayor tamaño, con una función vital para la vida democrática de un país: gestionar el servicio educativo, garantizar el derecho a la educación, preparar a los ciudadanos y construir la Nación del mañana.
He revisado el Plan de Gobierno (PG) de Guillermo Lasso presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) específicamente las propuestas en el sector educación. El objetivo específico es “transformar el sistema educativo” y divide las actividades de acuerdo a la oferta y a la demanda, a su vez cada actividad cuenta con un supuesto a realizarse durante los cuatro años de gobierno. A continuación un breve análisis sobre el diagnóstico y propuestas para el Sistema Nacional de Educación (nivel inicial, educación general básica y bachillerato) en el mencionado Plan.
En general, el diagnóstico presentado, sin justificación o data verificable en varios apartados, presenta una visión de la realidad ecuatoriana que no es del todo cierta, una imagen del sistema educativo que deja ver una falta de tecnicidad y especialistas en educación en el equipo de Lasso.
El PG identifica 2 áreas a intervenir “directa y eficazmente”: la formación profesional docente y el currículo del cual dice los contenidos no se ajustan a las necesidades de un mundo globalizado y cambiante. Propone estudiar y ajustar el currículo a la realidad actual, nuevamente.
“Se requiere trabajar en el estudio de la pertinencia de las mallas curriculares vigentes, para ajustarlas a la realidad actual y lograr la intencionalidad educativa de las asignaturas”, (Lasso, 2016 pg. 27)
El PG se olvida de las políticas de formación docente que ha aplicado el presente gobierno, objetivos establecidos en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 y que se retoman en el Plan Decenal de Educación 2016 -2025. La creación de la UNAE, las becas y programas de formación de posgrado para docentes, la recategorización docente y la capacitación brindadas durante estos años no tienen un impacto tangible en lo inmediato. La puesta en práctica de los nuevos conocimientos y destrezas deben ser ejercidos, perfeccionados y eso requiere tiempo, no sucede de la noche a la mañana. La cuestión docente requiere además de cumplir con el programa de jubilaciones y de incrementar la matrícula en las instituciones de educación superior en la carrera docente, renovar la planta docente precisa de ciudadanos que deseen formarse para educar.
Sobre el “ajuste del currículo a la realidad actual” es claro que la persona que redacto esto desconoce dos cuestiones; la primera, el fin del sistema educativo y la escuela como institución social; y, la segunda, que el año 2016 se aprobó y entró en vigencia un nuevo currículo para todos los niveles del SNE (año lectivo 2016-2017 régimen sierra). En relación a lo primero, en el mundo actual la escuela sigue siendo el eslabón entre sociedad y mercado donde se producen los individuos que requiere el mercado laboral para funcionar; por lo tanto, el diseño curricular e instruccional sigue basándose en las necesidades del mercado, envisionando a futuros empleadores y empleados, dinámicas que activen la economía y promuevan la justicia social. Es decir, la pregunta que guía la construcción del currículo es ¿qué es lo que la sociedad necesitará en 2 años, 5 años, 10 años? No lo que el país necesita hoy.
En relación a lo segundo, no se puede reformar un currículo en su totalidad y con uno o dos años de distancia entre reformas y esperar que este funcione, que no existan resistencias, que el sistema educativo no colapse y que los impactos positivos se produzcan de la noche a la mañana. En la educación no hay inmediatez, los resultados se dan a mediano y largo plazo. Todo es perfeccionable, todo se puede mejorar, todo debe ser evaluado. La inconformidad con el presente es una invitación a estudiar el pasado, si la política educativa no ha cambiado entonces si se requiere una profunda reforma educativa, sin embargo este no es el escenario que le espera al futuro gobierno.
Propuestas para la oferta educativa:
Fortalecer las capacidades de los docentes. “Los docentes tienen un rol esencial en la formación de la sociedad del conocimiento en libertad. El desarrollo de nuevas tecnologías de información permite acceder a educación de calidad y a bajo costo”.
Lasso presenta el slogan con el que manejará su política pública “el Ecuador del conocimiento”, “la sociedad del conocimiento en libertad”. Se contradice al querer fortalecer las capacidades de los docentes pero procurar una educación “low cost” al utilizar tecnologías de la información. Pero además la idea de abaratar costos del sistema educativo para Lasso va hacia la privatización, el bajo costo para el Estado, no para las familias. Recordemos también que las salvaguardas, impuestos a consumos especiales y otras imposiciones tributarias del gobierno de Correa han impactado en el alto costo de la educación, infraestructura y acceso a tecnología.
Incrementar la cobertura en zonas rurales permitiendo otras modalidades de provisión del servicio. “Facilitar la provisión de otros sistemas educativos orientado a resultados y que permitan mejorar el acceso a una mejor educación en comunidades rurales”.
“podemos alcanzar la funcionalidad de un sistema educativo intercultural, inclusivo, eficiente y eficaz, con indicadores de calidad internacional, al que todos puedan acceder y que todos puedan culminar, que gestione el desarrollo integral de la persona humana”. (Lasso, 2o16 pg. 28)
El “mejor acceso” para una “mejor educación rural” requiere una gran inversión y planificación, garantizar que el espacio físico cuente con las mismas seguridades y prevención de riesgos, que sean lugares salubres, con los insumos físicos y humanos que otras instituciones educativas en áreas urbanas. Una vuelta a las escuelas de menor tamaño características de las zonas rurales no significan menos derechos para los estudiantes, docentes y padres de familia. Urge capacitar a los docentes, a la comunidad que colaborará en el mantenimiento de la IE.
El sistema educativo es uno, es nacional, el gobierno central es el rector de la política y el sistema educativo. Reconocer diferentes modalidades para ofertar el servicio educativo no es lo mismo. Las reglas mínimas, los estándares los establece el gobierno, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las familias, de los docentes requieren un orden, transparencia y reglas generales y claras. No una pluralidad de “sistemas educativos orientados a resultados”.
Incorporar a Ecuador en las pruebas internacionales de calidad educativa (PISA). “Lo que no se mide no se puede mejorar significativamente la calidad de la educación se dará el primer paso para incorporar a Ecuador en las mediciones internacionales”.
Estaría bueno leer un poco sobre el tema. Lasso no dará el primer paso para la incorporación de Ecuador en el sistema de evaluación de PISA, el gobierno ecuatoriano ya lo hizo desde el 2014 año en que se realizó el primer acercamiento y lanzamiento oficial de PISA en Ecuador, en el año 2015 se realizó un simulacro de evaluación o prueba piloto, y este año 2017 es la primera vez en que se evaluarán y tomarán datos para analizar y comparar el sistema educativo ecuatoriano con los demás miembros de la OCDE, entregándose los resultados en el año 2019 – tampoco son inmediatos-. En conclusión, el próximo gobierno, Lasso o Lenin no será quien dé el primer paso hacia PISA.
No olvidar que Ecuador también participa en otras pruebas internacionales conducidas por el Laboratorio Latinoamericano de Calidad Educativa (LLECE), institución que evalúa la educación primaria o nivel educación general básica, su informe oficial con recomendaciones para la toma de decisiones de política es un excelente insumo que por lo menos debería leer aquí, el documento se basa en TERCE, la Tercera Evaluación de Calidad Educativa de la región.
Propuestas para la Demanda Educativa:
Las dos propuestas relativas a la demanda educativa pasan al campo de una reforma constitucional no sólo una transformación educativa. Se trata de cambios profundos que distan de la planificación a largo plazo vigente para la educación ecuatoriana.
En varias intervenciones públicas, incluso en el debate presidencial el 5 de febrero en Quito, Lasso habló sobre el rol de los padres de familia en la educación de sus hijos con las siguientes palabras “el mejor ministro de educación de la familia es el padre”(minuto 56:40). En el PG lo explica así “es imprescindible que los padres se fortalezcan su rol como primeros educadores y verdaderos responsables de la educación de los niños, y la familia como núcleo formativo y modelo a seguir.” (pg. 27).
Nuevamente se encuentra la intención de privatizar la educación, sí, llevar la educación al ámbito privado, al de las familias, donde el Estado no puede hacer, decir, obligar ni garantizar la educación como derecho de los ciudadanos y residentes en este país. Otorgar la verdadera responsabilidad de la educación, a los padres produce una ruptura en la alianza escuela -familia, ya que se desconoce la autoridad pedagógica, la autoridad de directivos y docentes y su responsabilidad al instruir a los estudiantes a su cargo, el cuidado que deben tener. No es lo mismo decir que los padres de familia son responsables de que sus hijos vayan a la escuela, tengan cuidados médicos en caso de accidentes o enfermedad, realicen sus tareas y cumplan con las normas de la institución educativa. Insisto en que crianza y educación no son lo mismo, en el siglo XXI, la escuela como organización externa a la familia es la encargada de educar a los niños y convertirlos en hombres para insertarse y construir el Estado ideal.
La educación provista en una democracia donde se produce un estado democrático de la educación, como lo explica Amy Gutmann, se trata de que la educación no es regida por los intereses y valores de la familia únicamente, pero tampoco bajo los valores e intereses del Estado, ni fundamentada en la política y normas de la sociedad. El estado democrático de la educación es un equilibrio de los intereses de todos los actores de la nación, donde permiten al niño conocer diversas posturas, conocimientos, verdades, para que sea este niño convertido en hombre, en ciudadano quien tenga la libertad de elegir quien quiere ser, como quiere vivir, como desea aportar a su sociedad. (Gutmann, Amy. Democratic Education, 1987)
Mayor participación de la sociedad civil en la elaboración de contenidos curriculares que atiendan las necesidades y aspiraciones de los estudiantes. “La participación de la sociedad civil en el diseño de los contenidos curriculares permite adaptar los conocimientos de los estudiantes según las necesidades locales”.
La permeabilidad de la escuela hacia los intereses y voces de la comunidad tiene un límite: la autoridad pedagógica, el liderazgo docente, la gestión de la escuela corresponde a los directivos y el espacio que ocupe la sociedad civil lo deben decidir en consenso con los docentes, con los estudiantes. La vinculación entre la escuela y su comunidad es positiva siempre y cuando se respeten los intereses, los derechos, las necesidades de los estudiantes y los docentes. La comunidad no está para decir que se debe hacer o no, criticar o gestionar paralelamente la institución educativa. La redacción tan laxa de las propuestas del PG produce incertidumbre en cuanto al rol del docente y la escuela en la sociedad ecuatoriana, así como la concepción de autonomía escolar que algo ha mejorado durante el presente gobierno.
Implementar el “cheque” para mejorar la calidad y dar libertad a los padres de familia en la elección del establecimiento. “La competencia es el mejor incentivo para la provisión de servicios de calidad. Mediante la asignación de un subsidio estatal focalizado a los usuarios del sistema educativo, las entidades educativas competirán por captar los cheques educativos”.
Finalmente, el segundo objetivo del PG en relación a la demanda educativa, y el punto que más llamó mi atención al leerlo. La propuesta de utilizar el voucher o cheque educativo, promoviendo la privatización del servicio educativo, para que los padres de familia elijan entre financiar la escuela pública o financiar la escuela privada.
Existen diversas formas de gestionar y financiar la educación alrededor del mundo. En el caso ecuatoriano se trata de un quasimonopolio educativo donde el Estado financia la totalidad de las instituciones educativas públicas, aporta en el financiamiento de las instituciones educativas fisco -misionales (financiamiento mixto) y, permite la existencia de instituciones educativas particulares a las cuales no financia, solo las controla para que cumplan la normativa educativa y los estándares educativos así como el currículo nacional.
Reconocer y permitir la gestión privada de la educación en instituciones educativas particulares significa que la familia paga voluntariamente una determinada cantidad de dinero, mensualmente, por obtener una determinada educación acorde a metodologías o valores morales que corresponden a la familia, y no necesariamente reflejan la laicidad de la educación pública.
Privatizar la gestión de las instituciones educativas públicas, construidas por el Estado, es distinto y permitido en Ecuador, es el caso de las UEMs, en el mundo conocidas como escuela charter, los estudiantes no pagan por el servicio educativo, los cupos son limitados, empresas u organizaciones privadas gestionan con los recursos del Estado.
El PDE 2016-2025 tiene como meta que la sociedad sea corresponsable en el financiamiento educativo, otorgando una certificación a las empresas que a través de programas de responsabilidad social empresarial contribuyan económicamente, esta inversión debería equivaler al 0,5% del presupuesto de educación e incrementar anualmente en la misma proporción.
Se establece una relación Estado – Mercado en la educación, dejando en claro que el gobierno de la educación le corresponde al Estado, que la escuela es gestionada por sus directivos, y que el rol del mercado es únicamente el financiar, sin tener la posibilidad de inspeccionar o intervenir en la institución educativa.
La propuesta de Lasso “se basa en la implementación de un mecanismo, que empodere a los padres con la capacidad de escoger la educación que consideren adecuada para sus hijos. Con esto se garantizará una mayor cobertura de los estudiantes porque los padres pueden mantener a sus hijos dentro del sistema educativo público o trasladarse al privado a través del copago” (pg. 29).
La libertad de los padres para elegir la educación para sus hijos es una garantía constitucional (art. 29 CPE 2008). Así mismo, la gratuidad en la educación hasta el tercer nivel, es decir que el copago (aporte del Estado y de la familia) no está previsto por la norma constitucional.
El cheque educativo es un subsidio a la educación privada, la existencia del voucher y este método para garantizar la libre elección de escuelas no significa que se reducirán los costos de la pensión en las instituciones educativas particulares. El uso de cheques permitiría a las instituciones educativas excluir alumnos, la segregación social sería más profunda. Financiar la demanda educativa en el contexto económico y social actual quebraría a las instituciones educativas particulares, afectaría la calidad y equidad educativa.
Hablar del copago en la educación no es soplar y hacer botellas. La libre elección de escuela como derecho de las familias puede cumplirse sin necesidad del cheque o subsidio a instituciones educativas particulares. El uso del cheque educativo no garantiza equidad ni calidad. En el contexto educativo ecuatoriano actual, donde queda una sociedad fragmentada por el odio y la intolerancia, donde la población ha migrado por el desempleo en el último par de años, donde la matrícula de instituciones educativas públicas ha incrementado precisamente por la falta de recursos económicos de las familias a partir del régimen escolar 2013 – 2014; no es el contexto adecuado ni favorable para este tipo de reforma. Volcarse del quasimonopolio estatal al quasimercado de la educación no traerá más que conflictos a las instituciones educativas, marcando las trayectorias escolares de los estudiantes, causando malestar por la excesiva carga laboral de los docentes.
Además se debe considerar que hay muchos negocios y monopolios satélites al sistema educativo: los materiales didácticos, libros texto, uniformes, tecnología, software, servicios de alimentación escolar, transporte y mantenimiento de la infraestructura educativa, entre otros. El mercado educativo no se trata únicamente de la relación estudiante- docente- padre de familia.
El sistema educativo es un organismo muy complejo para brindar un derecho esencial. ¿ Se podría reducir el tamaño a través de la privatización de la educación? Mientras mayor cobertura exista, es decir, mientras más se garantice el acceso, permanencia y egreso a la educación, mayor será el tamaño del Estado, el Ministerio de Educación y organismos asociados serán de vital importancia para la gestión y provisión del servicio, por lo tanto es un organismo que no se puede reducir.
El PG del candidato Lasso deja mucho por debatir en el tema educativo, lamentablemente muestra que no dará continuidad a políticas y programas positivos implementados durante la gestión del presidente saliente. Un gran problema de la política pública es precisamente la construcción de planes, programas y proyectos a largo y mediano plazo para sostener las intervenciones a favor de los ciudadanos; mientras que un Estado tenga un plan de desarrollo a largo plazo como Nación, y lineamientos políticos claros y fuertes, se garantizan los derechos y obligaciones de la generalidad de la población beneficiaria y de los funcionarios públicos e instituciones estatales encargadas de su ejecución.
Empezó la campaña para la 2 vuelta y empezaron con la manipulación de temas educativos. Y yo tengo varias cosas que decir:
1. Paola Cabezas acusa a Lasso de querer privatizar la educación: Voy a darle el beneficio de la duda a esta señora y solo presumamos que ignora la política educativa ecuatoriana y la normativa del área. Este gobierno, no solo que creo las UEM, aprobó también la normativa para que sean gestionadas por empresas, organizaciones o personas jurídicas del ámbito privado. Esto en el mundo educativo se conoce como “escuela charter” es decir NO ES EDUCACIÓN PÚBLICA, el Estado pone la infraestructura, pero no la gestiona. Un ejemplo de esto es la recientemente inaugurada “Unidad Educativa de Formación Integral JIT- Carpuela”, un semillero de jugadores de fútbol “para que algún día ganemos el mundial”. Llámese “alianza público- privada”, “auspiciantes”, el Estado ecuatoriano ha privatizado la gestión y el financiamiento parcial de una UEM.
Así que Sra. Cabezas , guárdese el cuco de la privatización de la educación pública.
2. Somos el único país donde se hacen y deshacen sindicatos docentes para hacer campaña política a favor de un candidato: El MPD y la UNE nunca fueron santo de mi devoción, de nadie. Hace unos años, el presente gobierno creó un sindicato docente oficialista, que diga si a todo, que apoye en todo, que no exija nada al gobierno y acepta sin cuestionamientos toda medida del gobierno en el sector educación. Un sindicato docente que se respete durante la campaña electoral hubiera exigido que TODOS los candidatos presenten sus propuestas y debatan sobre la educación y el sistema educativo; en lugar de ello la “Red de Maestros” hizo campaña por el ex Ministro de Educación, Augusto Espinosa. Haciendo eco de sus propuestas engañosas. Mientras que el año pasado meses antes de que Espinosa dejara el Ministerio, mágicamente de la noche a la mañana fue disuelta la UNE (el ex sindicato docente que apoyaba al MPD). Coincidencia?
3. La manifestación a favor de Lenin en las afueras del Banco de Guayaquil. Dice la Constitución de Montecristi que parar los servicios públicos – educación- está prohibido. La LOEI también contiene la misma prohibición. Sorpresivamente, hoy, jueves, día laborable en Quito, donde el año lectivo está en curso y todas las instituciones educativas en actividades, la “Red de Maestros” salió a las calles a mostrar su apoyo al candidato oficialista en las afueras del Banco que ya no dirige el candidato opositor. No solo que esto raya en lo ridículo, sino que permite que cuestionemos qué ha pasado con el desarrollo profesional y formación inicial docente en el país. Lo sucedido hoy es una expresión manifiesta donde aquel que es cobijado por el gobierno puede incumplir la normativa constitucional y no le pasa nada. ¿Dónde estaban los estudiantes mientras los docentes estaban en la calle? El Estado le paga al docente oficialista para que se manifieste en horas laborables en contra de otro candidato, eso es una barbaridad. ¿Así quieren llegar a ser Finlandia?
Un docente público con dos dedos de frente y especialmente un sindicalista sabe que no necesitas ir a un Banco particular a exigir tu sueldo, tienes 2 instituciones ante las cuales manifestar: el Ministerio de Educación o el Ministerio de Finanzas. Bueno, tal vez una manifestación ante el SRI, ADUANAS y Ministerio de Comercio Exterior porque los tributos y las salvaguardas si han encarecido los materiales y recursos pedagógicos, como también el acceso a tecnología y otros equipos necesarios en las IE.
4. Sí, tengo mis críticas a las propuestas de Lasso en educación superior, y me preocupa que no se hable del sistema educativo nacional. Pero eso es algo que seguiré cuestionando y exigiendo siempre.
5. Es hora que ambos candidatos sean claros en sus propuestas para política educativa, es imprescindible que se realice el debate que tanto teme Lenin.
6. En este momento al país le urge conciliar en lugar de dividir. Los oficialistas siguen haciendo comentarios despectivos y llenos de odio para dividirnos entre pobres y ricos, blancos e indígenas, costa y sierra. Un discurso de odio y totalizador con el que no podemos convivir más. La tolerancia y el respeto son primordiales para vivir en sociedad, como una sola Nación, ese es el gran reto de la oposición.
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