Esta semana correspondía analizar la gestión de María Brown al cumplir dos años frente al Ministerio de Educación. El escenario ha cambiado con la disposición de la muerte cruzada y el fin anticipado de este periodo de gobierno. Entre todos los temas que es mejor pensar en frío y no al calor de las expectativas que ha generado la muerte cruzada, está el de la transición de gobierno y la continuidad de la política educativa.
Por un lado, el del Gobierno Central, hay que plantearse qué va a ocurrir con aquellas políticas y programas que están en marcha, en diferentes momentos de ejecución y lejos de cumplirse o culminar su ejecución en este periodo. Aquí incluyo al Ministerio de Educación, INEVAL y SENESCYT. Por el otro lado, el de la Asamblea Nacional, con la hoy inexistente Comisión de Educación y su pobre ejecución y desarrollo normativo en el periodo 2021 – 2023.
¿Qué va a ocurrir con la gestión del sistema educativo durante los próximos seis meses y luego en el año y medio para culminar este periodo presidencial? ¿En qué temas podremos ver avances y cuáles temas quedaran sin resolver incluso con su urgencia y gravedad? Como, por ejemplo: la construcción y adecuación de infraestructura educativa; la puesta en marcha del Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales y el Plan de Escuelas Seguras; la búsqueda y recuperación de estudiantes que dejaron el sistema educativo durante la pandemia; la reforma curricular; el desarrollo normativo e institucional que se derivan de la LOEI y el Reglamento recientemente reformados, entre otros.
El INEVAL tiene algunos procesos de evaluación nacional como el Ser Estudiante 2023, la evaluación docente para el ingreso al magisterio; así como de carácter internacional como lo son el ERCE y PISA 2026. Mientras que, la educación superior tiene un sistema de admisiones aún cuestionado, una ley que debía reformarse, pero no prosperó en la Asamblea Nacional; el incremento de la oferta, la inserción laboral de los becarios y los perjudicados por los créditos educativos, entre otros temas.
El panorama de la crisis de gobernabilidad trae además el riesgo de que se vuelvan a suspender las clases presenciales por las manifestaciones; lo cual ahondaría la crisis de aprendizajes y los impactos económicos a futuro en el desarrollo humano y económico del país, generados por la pandemia. Otro tema sensible que debemos analizar de cerca es el presupuesto educativo, tanto el que se ejecute en el resto del año 2023, como aquel que se presupueste para el próximo año y que deberá aprobarse por una nueva Asamblea Nacional a penas sea posesionada y por un nuevo presidente y su gabinete.
Evidentemente, en seis meses no se podrá avanzar ni cumplir a cabalidad el Plan Nacional de Educación ni el Plan Nacional de Desarrollo. La política pública en general tendrá un remezón por los cambios y la incertidumbre. En el ámbito educativo, urge pensar en cómo vamos a sostener el plan trazado por la ministra Brown, cómo vamos a generar los cambios obstaculizados en la Asamblea Nacional por una comisión de educación incompetente, cómo vamos a sostener los procesos de evaluación en marcha del INEVAL y los desafíos y compromisos de la educación superior.
Es hora de crear un nuevo pacto por la educación que sostenga las iniciativas y reformas educativas en proceso, que continúe creando las estructuras para enfrentar los desafíos y debilidades del sistema educativo. Un pacto que viabilice una transición técnica y fluida entre las próximas gestiones; que plantee requisitos mínimos que guíen el accionar de los legisladores y las autoridades de la transición para garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación. Un pacto educativo liderado por la sociedad civil y la cooperación internacional.
En esta contienda electoral hemos presenciado tres debates en los que únicamente en uno han participado todos los candidatos, dos organizados privadamente, el primero, por “El Comercio” y el segundo por la Cámara de Comercio de Guayaquil; mientras que el tercer debate y de asistencia obligatoria para todos los candidatos fue organizado por el Consejo Nacional Electoral.
Tanto el debate de El Comercio (9 y 10 de enero) como el debate de la CCG (14 y 15 de enero) dividieron a los presidenciables en dos grupos que debatieron en dos jornadas con cuatro temas en los cuales no constó la educación como un tema de preguntas, bueno, los debates no fueron debates sino intervenciones de los candidatos sobre sus planes de gobierno y propuestas de campaña evadiendo las preguntas de los moderadores. El tercer y último debate, el del CNE, la educación si llegó a la agenda, pero no todos los candidatos tuvieron la oportunidad de hablar sobre su propuesta educativa.
La noche del 16 de enero fue la sección correspondiente a las preguntas de carácter social en el debate del CNE. Los candidatos que efectivamente dieron sus respuestas sobre educación fueron Guillermo Lasso, Ximena Peña, Giovany Almeida, Lucio Gutierrez, Pedro Freile, Gustavo Larrea, Guillermo Celi, Carlos Sagnay, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Yaku Pérez e Isidro Romero. Fueron recurrentes los temas de autonomía universitaria, el libre acceso a la universidad y elección de carrera, la oferta y fortalecimiento del bachillerato técnico; sobre las consecuencias de la pandemia en la educación del país la respuesta fue el acceso a internet, la dotación de dispositivos a estudiantes y docentes.
Espacios de la Sociedad Civil
La educación también estuvo presente en espacios de discusión con candidatos presidenciables y para la asamblea organizados por la sociedad civil. Entre estos podemos contar los encuentros organizados por el Contrato Social por la Educación y por Juntas X Ellas, en el primero para tratar exclusivamente la agenda educativa mientras que en el segundo abordaron varios temas sociales y económicos. Tuve la oportunidad de participar en el conversatorio del Contrato Social por la Educación con el candidato Gustavo Larrea y en el programa Rompe el Muro de Radio Voz Andina Internacional
La plataforma “Ecuador Decide” de Grupo Faro incluyó cuatro temas específicos de política educativa: educación general básica y bachillerato, educación superior, educación digital, e inclusión educativa. Cada tema presenta un diagnóstico sobre la situación del país y se puede comparar las propuestas entre candidatos para cada tema, dejando claro que si bien la herramienta es interactiva y una importante fuente de información, no puede suplir la falta de propuestas e información de los planes de gobierno de los candidatos.
Escuelas aptas para ser recintos electorales, pero no para educar.
Tras un año de pandemia, las instituciones educativas se llenaron de personas, movimiento, vida pero no por estudiantes y docentes ávidos de continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, sino para recibir a millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en los recintos electorales. De acuerdo a datos presentados por la Ministra Cramer, a nivel nacional se utilizaron 3909 instituciones educativas como recintos electorales, mientras que menos de 300 instituciones educativas (incluyendo públicas y privadas) cuentan con un plan piloto de retorno a clases presenciales aprobado por el COE Nacional.
La pregunta ensordecedora que no se ha puesto sobre la mesa es por qué tuvimos más de tres mil instituciones habilitadas para ser recintos electorales y no para funcionar con algún tipo de presencialidad en lo que va de los ciclos escolares tanto en sierra como en costa. ¿Dónde está el obstáculo, en el COE Nacional o en los recursos del Ministerio de Educación? Ojalá que no esperemos a que se cumpla la segunda vuelta el 11 de abril para tener 3 mil instituciones educativas funcionando con algún tipo de presencialidad para los estudiantes y no solo en modo remoto.
Finalmente, los efectos de la educación remota en los aprendizajes, la deserción escolar y otros efectos del covid19 en el sistema educativo ecuatoriano deben tener más protagonismo en la segunda etapa del proceso electoral, un plus será que los candidatos aporten con nombres de quienes conformarían los gabinetes, quien relevará a la Ministra Cramer en hacer frente a esta crisis educativa.
“El invariable propósito de la educación era, es, y siempre seguirá siendo, la preparación de estos jóvenes para la vida.”
Zygmunt Bauman
La educación es una condición para el desarrollo de las personas, las sociedades y los Estados. En cuanto derecho, el acceso a la educación se encuentra reconocido y garantizado en la normativa internacional y local de muchos estados. En cuanto a herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y habilitante para acceder a mejores empleos e incrementar la productividad de un sector y la economía de un país queda mucho por hacer.
Generalmente, hablar de la importancia de la educación es más de la realidad – lo que observamos, experiencias propias y de otros, evidencias científicas- que de lo que está en la norma – el deber ser- contrastando con aquello que aspiramos, pero ni es parte de la realidad ni está escrito en una norma o en una política; es discutir lo que no funciona y por qué no funciona en la sociedad, en la economía y en el Estado. Sin embargo, reflexionar este momento histórico sobre la importancia de la educación nos enfrenta a la poca relevancia que ha tenido la educación en el debate nacional; y nos lleva a su vez lleva a debatir con seriedad y compromiso sobre la educación del futuro, otro debate al que llegamos tarde.
En presente, quienes avocamos por la educación como derecho y condición de desarrollo tanto de los individuos como de los Estados, expresamos un mismo objetivo: en el contexto de la pandemia hay que sostener las oportunidades de crecimiento y aprendizaje, hay que sostener las condiciones que habilitan a los ciudadanos a acceder al conocimiento; y, además, este sostenimiento es responsabilidad de todos.
La educación y los sistemas educativos son un elemento clave en la construcción de cohesión social; la suma de identidades individuales que componen una comunidad, una cultura y que reproducen saberes de generaciones previas pasan de la familia (lo privado) a la interacción en plazas, mercados, trabajos y escuelas (lo público). Se generan tensiones propias de sociedades heterogéneas, pero al ser parte de un Estado que se define como democrático en su Constitución, estas se resuelven en base a mayorías y minorías y en la lucha por el reconocimiento de esas minorías y diversidades a través de una educación democrática.
Otro aspecto relevante de la educación es la producción de ciudadanos prestos para incorporarse en el mercado del trabajo. Como lo dice Bauman, la educación – y la escuela específicamente- han tenido y tendrán siempre el rol de preparar a los ciudadanos para el futuro. Entonces hablamos de destrezas, conocimientos y competencias que se adquieren y ejercitan en la escuela y que son necesarias para los fines económicos y productivos del Estado, para la vida de los individuos dentro de un sistema económico.
Un Estado en construcción requería igualar identidades, prácticas culturales, idiomas; un Estado en desarrollo requería mejorar las destrezas para el trabajo, la producción de ciudadanos que sirvan al Estado, tanto como parte de la burocracia, así como parte de la milicia (seguridad y defensa del Estado); mejorar la producción y calidad de los productos exportables que traen ingresos al país, ser competitivos ante otros países, etc. Ahora, ¿cuál es el Estado que queremos construir para resurgir ante una crisis económica y sanitaria y cuál es el ciudadano que queremos construir a partir de la pandemia?
La educación es el instrumento, pero el norte, ese ideal hacia donde queremos y debemos ir, lo decidimos en conjunto a través de un nuevo contrato social. El espíritu de solidaridad y la colaboración internacional, regional y local se construyen a través de la relación educador – educando y entre actores sociales – gobiernos. Si comprendemos a la cohesión social como interdependencia y si la pedagogía seguirá construyendo estos vínculos invisibles entre los sujetos e instituciones, son cuestiones para asentar en un nuevo acuerdo social.
Si pensamos en las lecturas de infancia, desde inicios del siglo XX se propone poner al niño o al estudiante en el centro, que la educación y el sistema giren alrededor de sus intereses, necesidades y capacidades. Esta idea se mantiene, pero hay otras lecturas de infancia que nos complementan esas que nos explican quienes son los estudiantes hoy, que nos cuentan como hay niños hiperconectados a las pantallas y cómo se configura el sentido gregario del ser humano en el mundo virtual.
Entonces, reflexionamos acerca de la infancia para conocer a quien educamos, cómo educamos y para qué educamos; y, reflexionamos sobre la educación como un elemento fundamental para salir de la crisis que ha dejado la pandemia por el COVID19, porque superar esta crisis requiere de nuevos Estados y nuevos gobiernos, de nuevos ciudadanos y nuevas instituciones; todo aquello que se construye a través de la educación.
A partir de la declaración de la emergencia sanitaria y el Estado de Excepción en marzo de este año, se inicia lo que conocemos como una fase de educación remota de emergencia que se dio en todo el mundo y que en algunos países ha concluido con el retorno progresivo a las aulas; mientras que en Ecuador al igual que en otros no han retornado todavía a lo que conocemos como una educación presencial, sino que se ha iniciado el nuevo año escolar en modalidad virtual y con las escuelas cerradas.
El homeschooling es una respuesta para los padres que se planteaban ¿educar a sus hijos en casa o enviarlos a una escuela? En cierta forma el covid19, la cuarentena y la suspensión de asistencia a clases presenciales coarta la libertad de elegir si envían o no a los chicos a la escuela, hay un bien mayor que proteger que es la salud de toda la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.
Considero oportuno analizar cómo se configura el homeschooling a partir de las decisiones tomadas en el contexto de la pandemia, reconfigurando las normas y políticas en relación a la decisión de los padres de educar a sus hijos por fuera del sistema, los conflictos que surgen y las oportunidades que se presentan en esta oferta educativa.
1. Aclaraciones
Hay términos que se han usado a partir de la pandemia para denominar el proceso de escolarización durante estos meses de cuarentena y los términos de los lineamientos de educación abierta y las definiciones en la LOEI y su reglamento. Lo importante de diferenciar y comprender a qué se refiere cada modalidad u oferta es para establecer las responsabilidades y el marco de acción de cada actor: institución educativa, familia, estudiante, gobierno, tutores, y docentes.
La oferta extraordinaria de “Educación en Casa”, conocida como “homeschooling” responde a la libertad constitucional de los padres de elegir para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias, una opción que traslada la responsabilidad de la formación de los estudiantes a los padres, donde ellos planifican los contenidos y tiempos de aprendizaje, las rutinas y la metodología. La educación no necesariamente se da “en la casa”, usualmente quienes eligen esta modalidad son familias que viajan mucho por actividades laborales de los padres, porque los chicos son deportistas de alto rendimiento, por situaciones de salud incluyendo a quienes se encuentran en programas de rehabilitación por uso, consumo y abuso de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, adolescentes embarazadas o en periodo de maternidad.
La suspensión de asistencia a clases presenciales para prevenir el esparcimiento del covid19 trajo como consecuencia que tanto hijos como padres compartan más tiempo en casa; en consecuencia, se mezclan esas actividades que se daban en espacios distintos en tiempos paralelos: el trabajo y la asistencia a clases. Familias en modo teletrabajo y educación remota de emergencia, pero en lo práctico los padres empezaron a llamar homeschooling a: estar pendientes de que sus hijos se conecten a clases, realicen tareas, estudien, participen en clases, en organizar que las actividades extracurriculares también tengan su sesión de zoom. Los docentes y las instituciones educativas continuaron laborando desde casa, con clases sincrónicas y manteniendo horarios escolares, contenidos y actividades que se podían adaptar a nuevos formatos.
Nadie tiene tiempo para estar corrigiendo a los padres que llamaron a ese mix de crianza/más responsabilidades sobre la educación de sus hijos/ teletrabajo, que eso no es el verdadero homeschooling, y eso está bien. Los conflictos y confusiones surgen a partir de la normativa para la educación abierta que emite el Mineduc en julio para organizar cómo iniciaría el siguiente año escolar en el ciclo sierra; además con la modificación de la normativa de las ofertas extraordinarias, específicamente lo que se refiere al homeschooling, y la cereza del pastel: los lineamientos para la modalidad educación en casa.
Basada en esta normativa y con la esperanza de aclarar en algo esta confusión de términos de las modalidades educativas que reconoce el Ministerio de Educación en Ecuador, realicé este cuadro:
Modalidades Educativas vigentes en Ecuador en el marco del COVID 19, excepto la educación presencial que es referencial.
2. Reglas del juego
Continuemos analizando cómo se configura el homeschooling en Ecuador a partir de la nueva normativa. Para empezar, el homeschooling es avalado por la constitución y la ley; es decir, no es prohibido, por supuesto que encontraremos un antes y un después de la pandemia en la regulación de esta modalidad educativa, pero en lo que está vigente hoy y con planes a futuro, la normativa de Ecuador deja muy poco lugar para el accionar, la elección y la responsabilidad de los padres. Esto es un elemento clave que configura al homeschool como tal: elección y sacrificio de los padres, en consecuencia, Ecuador será considerado como parte de aquellos estados que permiten pero que son inflexibles en cuanto a las normatividad de la educación por los padres.
Existen dos acuerdos ministeriales que contienen normativa respecto a la educación en casa, el primero relativo a las modalidades extraordinarias y el segundo, relativo a la educación abierta, el primero prepandemia y el segundo emitido durante la pandemia. El problema y la confusión radican en los lineamientos publicados en julio del presente año, donde dan detalle de lo que deben hacer las instituciones educativas para ofertar la educación en casa, lo que deben hacer los padres y los funcionarios de los distritos.
Los lineamientos confunden porque tratan a la educación en casa como una modalidad de educación abierta, que no lo es, y de paso incluyen al “servicio de Educación en Casa, en Estados de Excepción o Emergencia” (lo que ha ocurrido a partir de la declaración de la crisis sanitaria, estado de excepción y cuarentena obligatoria en marzo, también conocido como educación remota en contexto de emergencia) dentro de estas nuevas normas que se supone son para los padres que eligen educar a sus hijos fuera del sistema.
Los lineamientos explican desde los requisitos para que las instituciones públicas, fiscomisionales o particulares ofertan la nueva modalidad de educación en casa, cómo y dónde deben solicitar los padres de familia la matrícula de sus hijos (distrito en caso de la pública y directamente en la institución educativa en caso de la privada); hasta que momento del año escolar se puede optar por esta modalidad, el proceso de aprobación de la solicitud y quien lo realiza, las responsabilidades de los padres de familia, de los distritos y del personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Los lineamientos también detallan cómo construir el plan de estudios en concordancia con el currículo nacional, las actividades de socialización reconocidas por el MINEDUC, disposiciones sobre el Programa de Participación Estudiantil (requisito obligatorio para obtener el bachillerato en Ecuador), la frecuencia en que deben encontrarse los docentes con los padres de familia (2 veces al mes), las evaluaciones para la promoción de niveles y sobre la reinserción en el sistema educativo.
De la lectura de los lineamientos, se puede concluir que existe más regulación, más que una guía que acompaña a las familias, la normativa limita el accionar, la elección y la responsabilidad de los padres para educar a sus hijos. Los lineamientos generan más carga administrativa para los vicerrectores, sub-directores, departamento de consejería estudiantil y docentes de la institución educativa un punto importante ya que los costos que cubren la matrícula y mensualidad en el caso de las privadas equivalen únicamente a los salarios docentes y se excluye al personal encargado de gestión de la institución y al DECE*.
*(Informe Técnico para el Proyecto de Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A, de 23 de agosto de 2019- en el que se establezca los costos del servicio de Educación en Casa).
3. El homeschooling no es una “opción barata”
Las primeras reacciones de padres en cuanto a las pensiones para el sector particular fue que debían reducirse porque no es lo mismo la educación presencial que online y que ya no existen los costos de infraestructura física por lo que los gastos no representan el costo de la pensión, luego la crisis económica se acrecienta y en julio el Ministerio de Educación emitió lineamientos para la educación abierta, además de las disposiciones sobre el cobro de pensiones y matrícula para cada oferta de las instituciones particulares.
Al disponer que la oferta de educación en casa sea el 30% de la pensión autorizada por el Ministerio, pasa a ser la mensualidad más baja en relación con las otras ofertas; el homeschooling se vuelve más atractivo para familias en crisis. Pero educar en casa en primer lugar implica un sacrificio, o el padre o la madre dejan de trabajar para dedicarse a la educación de sus hijos. En segundo lugar, las familias deben tener un presupuesto para materiales, recursos, dispositivos tecnológicos, actividades de socialización, deportes, todos los extracurriculares que ahora también son coordinados por los padres. Esto es, la educación en casa no significa que no hay gastos, y mucho menos que todos estos gastos son responsabilidad o van a correr por parte del Estado.
El presupuesto debe considerar la matrícula y pensión a la institución educativa en caso de elegir matricular a su hijo en el sector privado, si van a contratar un tutor a tiempo completo o por horas, servicios de salud preventiva, la contratación de un seguro de accidentes, si su hijo requiere apoyo psicopedagógico deberá prever el costo de las terapeutas; además es recomendable este tipo de apoyo para la adaptación de los estudiantes y las familias que pasan del sistema educativo a la casa, es decir, que se desinstitucionalizan, y en el momento de que quieran volver al sistema.
4. Inequidades
El hecho de que se organicen “learning – pods”, “micro-escuelas”, “cooperativas de padres”, “escuelas burbuja” va a ser beneficioso para las familias que tienen recursos, no así para las familias de menores recursos. En los medios vemos ya estas brechas, en las comunidades que no tienen acceso a internet se reúnen debajo de un árbol o en espacios abiertos a trabajar con los cuadernillos elaborados por el Ministerio, una madre, abuela o adolescente sin experiencia se hace cargo del grupo, porque lo más importante es estudiar. Ecuador ha dado el paso de reconocer zonas no escolares como espacios educativos para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la escuela o internet.
La normativa para la educación abierta define a los “Ambientes no Convencionales” de aprendizaje como: “El proceso educativo puede desarrollarse en cualquier lugar y momento fuera de la infraestructura educativa, como la casa o la comunidad, fomentando la autoformación, que es la base del aprendizaje, la cual estará afianzada con la entrega de materiales físicos al estudiante por parte de la institución educativa, como artículos y/o guías impresas, libros, o material multimedia a través de CD u otros; también puede utilizar como soporte al proceso educativo la radio y la televisión”.
La disposición general quinta del Acuerdo Ministerial – MINEDUC – 2020-00038 establece la posibilidad de los ambientes no convencionales de aprendizaje únicamente para los estudiantes de instituciones educativas de sostenimiento fiscal. Para los adolescentes del subnivel de básica superior y del nivel bachillerato que viven en lugares de difícil acceso o que no cuentan con recursos tecnológicos, pero pueden acudir a una institución educativa esporádicamente, se implementará una educación flexible y acorde a las realidades y contextos territoriales.
Del otro lado, las familias homeschoolers con mayores recursos se organizan, contratan tutores altamente calificados, padre y madres con alto capital cultural organizan las actividades de socialización. Surgen nuevos emprendimientos que ofrecen servicios educativos en casa, contratan en modalidad servicios profesionales (pagando por hora trabajada o servicio prestado) a docentes que perdieron su empleo por la pandemia.
Considero que por un lado esas comunidades van a generar inequidad más que una diversidad positiva y plena. Considero que el hecho de que un padre quiera que los chicos de la misma edad aprendan juntos una misma materia es aceptar los fines del sistema educativo: homogeneidad y simultaneidad sistémica y por lo tanto se desvirtúa el significado y propósito del homeschooling.
Pero, por qué hablamos de que se generan inequidades. En la práctica las familias que eligen educar a sus hijos, como las familias que han decidido mantener a sus hijos matriculados en el sistema educativo a través de la modalidad regular que NO tiene asistencia a las escuelas y las modalidades abiertas, están utilizando los servicios de tutores, comunidades o learning pods. Mientras que las familias que no tienen recursos, no pueden acceder a tutores, a expertos y aquellas comunidades de aprendizaje – ejemplo “la escuela bajo el árbol” que coordinan dos adolescentes en Guayas- son agrupaciones o reuniones de estudio, mas no hay una guianza bajo criterios pedagógicos.
No está mal pedir ayuda cuando no tienes idea cómo educar a un niño, ni está mal que las familias que tienen empleo y por lo tanto no tienen disposición de tiempo para las actividades formativas de sus hijos busquen apoyo de expertos. Precisamente la cuestión que genera aprendizajes desiguales es la posibilidad de acceso, en la práctica no es lo mismo cuando un estudiante con dificultades de aprendizaje trabaja con un docente, en contexto de aula, o un tutor; que un estudiante con dificultades de aprendizaje en un contexto de menores recursos económicos, que asiste a un “ambiente no convencional” con adultos a cargo que no tienen idea de como identificar o apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Entonces a menor oportunidad de acceso a un docente o tutor, menor oportunidad de aprender mejor y por lo tanto, menores oportunidades para el desarrollo humano.
5. Precarización docente
Otro tema que causa confusión por la redacción de los lineamientos es la figura del docente de la institución educativa y del docente – tutor, que no son lo mismo pero a ratos parecen ser la misma persona que tienen las mismas responsabilidades. El docente -tutor se trata del padre que está a cargo de la formación de sus hijos o el tutor que la familia contrata para el efecto. Indagar sobre los tutores nos permite plantear los riesgos que traen los servicios escolares a domicilio para la cuestión docente.
Entonces, los servicios escolares a domicilio (por empresas y no solo por el docente a nivel personal-profesional) están permitidos por estos lineamientos del MINEDUC y pensados en las familias que eligen la educación en casa y quieren contratar tutores que apoyen las tareas pedagógicas. En este punto pienso en todos los requisitos que pide el Ministerio a las instituciones educativas privadas para demostrar que ofertar la modalidad educación en casa es algo sostenible dentro del proyecto educativo y especialmente en lo económico. ¿Qué proyecto es sostenible en una crisis? ¿Son los servicios escolares a domicilio algo sostenible?
Es que enseñar, no es cocinar, no es vender comida, no es vender mascarillas ni cualquier otro producto que se pueda ofertar a domicilio. La calidad de la educación requiere profesores que estén descansados, bien de salud, con menor nivel de estrés, que tengan espacio para ofrecer el abanico de recursos que requieren sus estudiantes de acuerdo a intereses, niveles y dificultades de aprendizaje de ser el caso. Planificar, preparar, dar la clase, evaluar. Hay mucho trabajo detrás de esa hora pedagógica que se da.
¿Qué política educativa está avalando el Estado en cuanto al ejercicio de la docencia? ¿cómo funciona? ¿Tendremos profes-delivery? Docentes que van de un lado a otro, de un hogar a otro, dando una hora de tutoría por aquí y otra por acá, sumando horas hasta llegar a fin de mes con los gastos y con las justas. ¿Cómo van a funcionar los días y horas de descanso de los docentes o las licencias por enfermedad u otras cuestiones personales?
En serio, el tema salud es algo importante en la cuestión docente y más en contexto de una pandemia. Si un docente trabaja directamente para una familia, ¿quién cubre su seguro de salud? ¿quién cubre las pruebas para detectar el COVID19? ¿será afiliado a la seguridad social? ¿qué ocurre si el docente se contagia en el hogar al que presta servicios? Si un docente trabaja bajo modalidad servicios profesionales para una “empresa de servicios de educación en casa”, es decir, es tercerizado; funcionará el hora no trabajada, hora no pagada, y con ello, los docentes no reportarían enfermedades de cualquier tipo o si se ven forzados a tomar licencias y descanso, sus ingresos disminuirán considerablemente.
Hay que ver más allá de lo que parece un gran emprendimiento para una persona, a costa de la necesidad de los docentes que se quedaron sin empleo; más allá de la satisfacción de la necesidad de familias homeschoolers o de educación abierta o remota que requieren apoyo de docentes; debemos ver por la calidad de vida de los docentes como profesionales y seres humanos cuya integridad personal y desarrollo humano se ve disminuido a causa de la pandemia y las políticas educativas de la cuarentena.
6. Los debates que se habilitan.
A mi parecer el debate del homeschooling no termina con el fin de la pandemia, ni con la decisión del Ministerio de Educación de “ampliar la oferta” o de que los padres decidan educar a sus hijos en casa, matriculen en una institución educativa e informen en el distrito.
Hay temas que la agenda educativa ecuatoriana deberá retomar: la educación moral, la educación sexual, el desarrollo de habilidades sociales, la importancia de los docentes y su formación, cuestiones de género: el rol de las mujeres y los obstáculos que enfrentan las mujeres para obtener empleos y ocupar altos cargos en lo público y lo privado, temas de tolerancia política o religiosa. El impacto en el mercado educativo de esta doble privatización que se da al pagar matrícula privada, más educación a cargo de los padres que en realidad contratan tutores.
Yo quiero plantear dos temas, el primero desde la significancia de asistir a la escuela para los estudiantes, y el segundo, desde los obstáculos para el empleo y emprendimiento de las mujeres. En el primer caso, tanto las instituciones educativas públicas como las privadas proveen para muchos niños un espacio seguro, de socialización, de aprendizaje, y de construcción de identidad individual; un lugar en el cual son considerados y respetados independientemente de quienes son sus padres, y donde ellos pueden conocer de diferentes tradiciones, culturas y creencias distintas a las de su hogar. Los estudiantes son valorados por ser estudiantes y no por ser hijos. Son considerados por sus caracteres, por su estado, por su situación, independientemente de la situación de los padres. Entonces me gustaría plantear la pregunta de cómo esta ruptura generada por la pandemia y por la decisión del homeschooling en lugar de la educación abierta va a impactar en los niños y adolescentes.
En el segundo caso, considero importante hablar de las posibilidades que genera el homeschooling en contexto de pandemia para que los hombres ocupen roles de cuidado, crianza y formación en el hogar, mientras que las mujeres continúan con su desempeño laboral en modo teletrabajo o trabajo presencial. Es decir, romper con la tradición del homeschooling en que la mujer es quien se queda en casa educando a los niños, dejando de lado su carrera profesional o posibilidades de empleo para dedicarse 100% a la crianza, educación y el hogar. No hay que perder de vista que en una economía en crisis, trabaja quien tiene la oportunidad y se convierte en proveedor del hogar sea el hombre o la mujer, además si una mujer ocupa un espacio de poder tanto en lo público o privado no puede estar obligada a dejarlo de la noche a la mañana porque decidieron educar a los hijos en casa y “ese rol no le corresponde al marido”.
Fuentes consultadas:
Donnelly, M. P. (2012). Homeschooling. In C. L. Glenn & J. De Groof (Eds.), Balancing freedom, autonomy and accountability in education: Volume 1 (199-220). Tilburg, NL: Wolf Legal Publishers.
West, Robin. The harms of homeschooling.
Lineamientos para la implementación del servicio educativo extraordinario “educación en casa”. Ministerio de Educación, Ecuador. 2020.
Informe Técnico para el Proyecto de Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A, de 23 de agosto de 2019- en el que se establezca los costos del servicio de Educación en Casa
En medio de la pandemia y crisis educativa a nivel mundial por el COVID19, en Ecuador se han tomado decisiones que han afectado al derecho a la educación y al sistema educativo, es por lo tanto necesario reflexionar sobre estas acciones e inacciones y su impacto en la educación ecuatoriana ahora y en el futuro.
Quiero empezar analizando desde la política educativa sobre la suspensión del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas de sostenimiento público para el régimen costa – galápagos 2020 – 2021. Esta decisión la tomó la Ministra de Educación Monserrat Creamer y se comunicó a las 77 instituciones educativas afectadas a través del Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020’00205-M del día 4 de mayo del 2020. Actualmente la Corte Constitucional lleva el caso N10-20-IA donde se sostiene que se ha vulnerado el derecho a la educación y la movilidad social de estudiantes y familias pertenecientes a las instituciones educativas afectadas.
Antecedentes
Previo a instaurarse el Programa del Diploma de la Organización de Bachillerato Internacional en instituciones educativas de sostenimiento público se aprueba la Constitución vigente en el 2008, donde se establece la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y obligatoriedad de la educación hasta el nivel de bachillerato; posteriormente en el 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento en el 2012. La normativa de carácter progresivo y garantista, permite entonces poner el foco en la calidad educativa y desarrollar políticas y programas que atiendan las necesidades educativas del país.
Hasta el 2013 la oferta del Bachillerato Internacional en Ecuador se encontraba únicamente en instituciones educativas privadas, mayoritariamente el Programa del Diploma para los últimos años del bachillerato y pocas instituciones ofertan el Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa de Escuela Primaria (PEP). Después de un programa piloto en el sector fiscal, se dispuso ofertar gradualmente el Programa del Diploma en instituciones públicas alcanzando su implementación a 77 instituciones en el ciclo costa – galápagos y 120 instituciones en el ciclo sierra- amazonía (vigentes al año – lectivo 2019 – 2020).
El 6 de febrero del 2020 el Ministerio de Educación (Mineduc) emite el Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-MINEDUC-2020-00005-A que contiene las directrices para implementar los programas del Bachillerato Internacional en las instituciones educativas fiscales, municipales y privadas en Ecuador. Al emitir regulaciones para las instituciones públicas se entiende que previo a la pandemia, no existe intención del Ministerio de Educación de suspender el Programa del Diploma, sino dar un marco normativo para fortalecer esta oferta.
Afrontando la crisis
Pensemos en el escenario actual de los sistemas educativos y en quienes deben tomar las decisiones. No hay recursos, en los próximos meses se reduce el presupuesto del Estado y por lo tanto lo que recibirá el Ministerio de Educación, ¿qué programas mantengo? ¿cuáles son los programas y departamentos que deben ser priorizados para garantizar la continuidad educativa en el sistema fiscal? ¿qué programas puedo suspender para poder utilizar esos recursos en áreas fundamentales? ¿a quién doy preferencia y por qué doy esa preferencia al momento de costear programas diferentes al bachillerato en ciencias ofertado por las instituciones públicas?
Desconozco si existen precedentes jurisprudenciales en Ecuador, normas o doctrina sobre el manejo y reorganización del presupuesto de una cartera de Estado, como lo es el Ministerio de Educación, durante un Estado de Excepción. Si bien existe la disposición expresa del art. 165 #2 de no desviar fondos públicos destinados a educación durante el Estado de Excepción; nada dice de límites o prohibiciones a quien dirige el sistema educativo sobre el destino de los recursos dentro de la gestión de la misma cartera; esto sería, si la Ministra puede o no reorganizar las partidas presupuestarias con las que cuenta en favor de garantizar el derecho a la educación.
En el caso que lleva la Corte Constitucional el Mineduc plantea que el costo – eficiencia del Programa del Bachillerato Internacional es tan bajo que no justifica la inversión, además el Estado ecuatoriano adeuda a la Organización del Bachillerato Internacional apróximadamente tres millones de dólares mientras que para la implementación óptima del Programa a nivel nacional se requieren más de siete millones de dólares. Por lo tanto, el argumento de tener bajos porcentajes de aprobación y certificación de estudiantes en instituciones educativas de sostenimiento público para la suspensión del programa del Diploma pierde fuerza si consideramos el acuerdo publicado cinco semanas antes de la suspensión de actividades en todo el sistema educativo a nivel nacional. Mientras que, si consideramos los costos de implementación ante una crisis económica donde el financiamiento educativo se ha reducido considerablemente, la decisión de suspender el Bachillerato Internacional es lógica.
Bachillerato Internacional vs. Conectividad vs. Salarios Docentes
El covid19 volcó a todos los sistemas educativos del mundo a una educación remota de emergencia a través de internet y dispositivos tecnológicos a un híbrido entre el homeschooling y la educación online. Poniendo en foco las políticas educativas en tecnología, la pandemia dejó ver la escasa infraestructura, la falta de acceso a dispositivos tanto en las familias como en las escuelas, la necesidad de formar a los docentes para utilizar dispositivos, plataformas y ejercer en contextos adversos y distintos al aula de clases.
Las políticas educativas referentes a tecnología educativa y conectividad en las escuelas, al igual que la implementación del BI, son posibles a partir de la LOEI en el 2011, ambas sin el éxito esperado. Hoy pensamos en cómo sería la realidad del sistema educativo ecuatoriano si, al igual que Uruguay con su Plan Ceibal, hubiéramos concentrado esfuerzos y presupuestos en equipar escuelas, docentes y estudiantes hasta llegar a un 100% o porcentaje cercano previo a la pandemia, previo a las crisis económicas que han afectado al país, o si no tuviéramos gobiernos corruptos que ni la educación han dejado fuera de sus intereses.
La prevención del COVID19 a través del distanciamiento social es incompatible con la realidad de la organización del aula. La infraestructura escolar está pensada para que en ella habiten miles de estudiantes en jornadas de ocho horas durante cinco días a la semana y, en consecuencia, se suspendió la asistencia a las escuelas en Ecuador y en todo el mundo. Esta salida que evita la proximidad y el confinamiento de estudiantes y docentes no es perfecta, trajo mayores interrogantes y desafíos a los sistemas educativos, el primero corresponde a la continuidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje, lo que fue resuelto en parte al utilizar dispositivos y conectividad a internet desde los hogares.
En esa línea, el problema trajo otros problemas; el asunto es que en lugar del programa de conectividad en las escuelas que financian el Ministerio de Educación, Ministerio de Telecomunicaciones y la Cooperación internacional, la conectividad desde los hogares la pagan las familias y los docentes. El gobierno dispuso a CNT (empresa pública que provee el servicio de internet) no cobrar las tarifas durante la pandemia y garantizar la conectividad, sin embargo, la obligación del Mineduc de proveer de dispositivos a estudiantes y docentes, plataformas educativas para uso de docentes, estudiantes y familias continua; además de contar con infraestructura tecnológica para el personal del Ministerio y sus oficinas desconcentradas con el fin de garantizar la provisión del servicio educativo.
Aliviar el gasto a las familias para que los estudiantes puedan tener conección a internet, dispositivos sean celulares, tablets o computadoras, la construcción de redes que proveen el servicio de internet se han vuelto una necesidad básica que requiere un amplio presupuesto destinados al acceso al derecho a la educación.
Existe otro gasto urgente que el Ministerio de Educación no ha cumplido: el pago de los salarios docentes. Desde el inicio de la cuarentena en marzo de este año, el Ministerio de Educación no ha pagado los salarios docentes con puntualidad; los docentes han recibido sus remuneraciones pasada la primera quincena del mes, excepto el salario correspondiente al mes de junio que hasta la fecha de hoy (27 de julio) no ha sido depositado. Primero se debió a que el Ministerio de Finanzas utilizó partidas presupuestarias de educación para el pago de la deuda externa, luego bajaron los ingresos que el Estado percibe a través de la recaudación tributaria y que son destinados al financiamiento educativo. Los docentes son un eje fundamental del sistema educativo y no han parado de trabajar, adaptarse al cambio, repartir canastas de alimentos, entregar cuadernillos pedagógicos, enviar tareas por whatsapp, etc.; tampoco han dejado de ser padres, madres, sostenes de sus hogares, requerir medicinas o tener deudas impagas.
Las políticas de conectividad y las políticas referentes a la cuestión docente parecen incomparables con la provisión del programa del diploma del BI, excepto que las dos primeras son condiciones imprescindibles para garantizar el acceso a la educación, la continuidad pedagógica de millones de niños y adolescentes en el país y nos encontramos en un contexto de crisis donde los recursos destinados al financiamiento educativo son escasos. Entonces, si consideramos lo que equivalen los 10 millones de dólares necesarios para reactivar el programa del diploma, en conectividad y salarios podemos ponderar la decisión de la Ministra Cramer.
Un mes de salario de 12.239 docentes en categoría G (817 USD); 50 mil tablets (a un precio aprox de 200 usd en el mercado ecuatoriano) o 20 mil computadores de escritorio (precio aprox. 500 usd); la mensualidad de más de 350 mil planes de internet (el plan de conectividad más barato de CNT que otorga una velocidad de 20 mps es de 27.89 usd). Son 1.545 estudiantes afectados por la suspensión del programa del diploma, un millón de estudiantes que no tienen acceso a internet de los 3 millones de estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema fiscal en niveles de educación general básica y bachillerato a nivel nacional.
Bachillerato Internacional vs. Otras Ofertas Educativas del Mineduc
Una sentencia que reconozca el Bachillerato Internacional como un derecho nos pondría la soga al cuello. Si solo se mira un lado de la moneda tenemos la perspectiva de 1500 estudiantes privados de un programa educativo, bajo esa premisa se pretende que se reconozca un derecho en la línea de la progresividad de derechos que garantiza la constitución vigente. Del otro lado de la moneda tenemos un millón de estudiantes sin conexión, cientos de miles de docentes impagos, millones de estudiantes que forman parte del sistema educativo y también tienen derecho a permanecer y egresar de la secundaria.
Suponiendo que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del acto administrativo que suspende la ejecución del PD y ordena “la restitución de derechos” a los estudiantes que “cursan” el BI y fueron asignados al Bachillerato en Ciencias, esto supondría que el Mineduc debería tomar 10 millones de USD de su presupuesto para cancelar la deuda y cubrir los costos con la OBI para el presente año escolar; es decir, que la sentencia avalaría a la Ministra de Educación a recortar otros programas, entidades administrativas y consecuentemente despidos de personal administrativo y docente para poder cubrir el PD.
Comparar entre ofertas, es decir entre los programas que ofrece el Mineduc para el bachillerato y garantizar la promoción y egreso del sistema educativo, no es justo porque no podemos decir que los estudiantes del bachillerato técnico profesional tienen menos derechos que los estudiantes del bachillerato internacional. Ninguno de los dos tiene más derechos que los estudiantes del bachillerato en ciencias o el programa acelerado. En este supuesto de comparar y seleccionar los recortes entonces pongamos sobre la mesa todos los programas que oferta el Mineduc que tienen diferentes objetivos y que en suma garantizan el desarrollo humano de esta nación, que generan oportunidades, que promueven el desarrollo de habilidades sociales, la vinculación con la comunidad, la preparación para el trabajo, la prevención de la violencia escolar y social, entre otros.
Si hablamos de derechos…
Quiero empezar con el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana vigente especifica los principios rectores para los derechos y libertades reconocidas en ella, con eso queda claro que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (#6); que los contenidos de los derechos se desarrollan a través de la política pública de manera progresiva y es el Estado el obligado a generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio; mientras que las acciones u omisiones de carácter regresivo son inconstitucionales (#8).
Para el contexto actual de una crisis sanitaria, económica y educativa es una obviedad que el Estado no logra generar y garantizar las condiciones necesarias para la progresividad de derechos; a mi entender, la autoridad educativa nacional está obligada a que sus acciones u omisiones no sean regresivas en cuanto a hacer realidad lo dispuesto en el artículo 28 primer inciso: “Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. Esto abarcaría la decisión de pasar a los estudiantes de PD a BGU (en ciencias). Dicho de otra forma, estamos en emergencia y el Ministerio de educación le otorga educación gratuita y remota, le entrega lo que hay, lo que puede a TODOS. Cumpliendo en lo que le corresponde el artículo 348: “La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.”
Si hablamos de derechos, el problema está en la educación pública gratuita que hoy el Estado no puede financiar de manera oportuna, regular y suficiente para 3 millones de estudiantes. Si hablamos de derechos, hay un actor principal en el proceso educativo y en este proceso constitucional que no ha sido escuchado: los estudiantes de bachillerato en el sistema fiscal. La Corte debería tener un canal para escuchar esas voces, una vez más es evidente la necesidad de un Defensor de la Niñez y Adolescencia.
Bajo otras circunstancias, si pretendemos que no existe una crisis educativa por la pandemia y que tenemos 10 millones en el presupuesto de educación para pagar lo adeudado a la OBI y el costo de certificación de las cohortes 2020 – 2021 de los regímenes costa – galápagos y sierra – amazonía, es decir, del total de instituciones educativas públicas que ofertan el BI. Si las condiciones fueran esas y el Mineduc decide no continuar con la oferta del BI, recomendaría que se garantice que los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato culminen el bachillerato con esta oferta y no se les cambie el programa; que se destine un presupuesto a hacer seguimiento de todos los estudiantes que han sido beneficiarios del programa del diploma en instituciones públicas. Hoy el escenario no es ese.
Salir de la crisis requiere que la normativa ecuatoriana abra todas las puertas posibles para que llegue educación a cada rincón del país, a través de diversas fuentes de financiamiento no solo del Estado, no solo de los padres de familia, a través de aulas físicas, virtuales o lo que fuere. Empezando por garantizar el acceso a materiales y a un maestro, pagando los salarios docentes a tiempo, reconocer económicamente a los maestros que han puesto de su bolsillo materiales, alimentos, transporte, internet, dispositivos para sus estudiantes y para preparar clases. Entonces, la decisión de la Corte Constitucional sobre la suspensión del BI en instituciones públicas tendrá consecuencias en todo el sistema educativo.
El 8 de mayo se realizó en Quito el lanzamiento de lo que será un plan nacional de educación para la próxima década, se trata del Acuerdo Nacional por la Educación, el cual tiene siete mesas o ejes de trabajo: derechos humanos; educación técnica; jóvenes y empleabilidad; educación en valores, educación para el desarrollo sostenible, interculturalidad y educación; desarrollo infantil integral y primera infancia; y, educación a lo largo de toda la vida. Sin embargo, han dejado de lado un eje fundamental del sistema educativo: la cuestión docente.
Sorprende que en el 2019 se hable de educación sin visibilizar a los educadores y al liderazgo pedagógico como la base para la calidad educativa. La formación docente inicial, el desarrollo profesional, la carrera docente, los méritos e incentivos salariales, la remuneración y el escalafón docente son temas fundamentales de los que ya se habla en la normativa educativa vigente y en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Temas relevantes que deben ser debatidos, cuestionados, mejorados y planificados para la próxima década en el marco de un diálogo nacional con todos los actores de la política educativa ecuatoriana.
El país ha invertido en la formación docente a través de la creación de la UNAE y becando a maestros y maestras para procurar que alcancen estudios de cuarto nivel y de esta forma incidir en la mejora de la calidad educativa de la educación pública, constituyéndose un ejemplo para la región. Así mismo, los últimos años hemos sido testigos de miles de denuncias de abusos sexuales cometidos por docentes dentro de las instituciones educativas tanto públicas como privadas; de casos de corrupción en la asignación de cupos para acceder a la educación pública; y de casos de violencia entre pares que no tuvieron una intervención oportuna.
El Acuerdo Nacional por la Educación debe abrir la puerta al debate sobre lo bueno y lo malo del ejercicio y la formación docente en Ecuador; me parece un total desacierto de la política educativa ecuatoriana no tomar a la cuestión docente como un eje de este Acuerdo. ¿Quiénes establecerán en nuestros niños y adolescentes las bases para la educación a lo largo de toda la vida? ¿quiénes formarán jóvenes para los empleos del futuro? ¿quiénes formarán en valores a los niños, niñas y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos? ¿quiénes son los responsables de capacitar a los adolescentes que siguen la educación técnica? ¿quiénes cuidan y acompañan el desarrollo de los infantes en sus primeros años de vida? ¿quiénes enseñan a garantizar los derechos humanos y el desarrollo sostenible en ambientes interculturales y diversos?
Educación & Derechos 